Nisman: un año de impunidad

A pesar del alto impacto político por el trágico desenlace del ex fiscal de la causa AMIA, no hubo avances en la investigación. Sin detenidos, la causa deambula sin una hipótesis firme, aunque ahora se inclinaría por el homicidio. Una justicia servil al poder político, clave de un papelón internacional

La muerte del fiscal Alberto Nisman cumple hoy un año y lo único que está claro de ese trágico episodio es que no hay detenidos, que aún no se sabe si fue un suicidio,  un homicidio o se quitó la vida instigado, y que la impunidad triunfa gracias al entramado perverso que ejerció y todavía hoy extiende la gestión kirchnerista sobre la Justicia.

El 18 de enero de 2015, el entonces titular de la Unidad Fiscal AMIA, Nisman, yacía muerto en el baño de su departamento en torres Le Parc, Puerto Madero. Ni bien trascendió la noticia, el impacto político fue de carácter nacional e internacional, sin embargo no hubo avances en la pesquisa.

La investigación cambió de manos hace pocos meses pero los interrogantes aún no tuvieron respuesta: se realizaron innumerables estudios forenses y peritajes, pero aún no hay una hipótesis firme sobre el caso, más allá de que la querella a cargo de la jueza federal de San Isidro y exesposa de Nisman, Sandra Arroyo Salgado, insiste en que se trató de un magnicidio.

Desde el hallazgo sin vida, la fiscal Viviana Fein tuvo siempre delegada la causa y se inclinó por la hipótesis del suicidio, y pese a haber evitado ser apartada por pedido de Arroyo Salgado -con quien mantiene tensa relación- hace pocas semanas la jueza de instrucción Fabiana Palmaghini reasumió la conducción de la causa.

Fein en nueve meses de investigación fue hacia el empleado informático Diego Lagomarsino, por haber sido la persona que confesó haberle prestado el arma calibre 22 a Nisman involucrada en su muerte, pero no por homicidio.

Un giro en la investigación

Ahora Palmaghini habría cambiado el eje y orientó la pesquisa teniendo en cuenta como móvil el homicidio. Ella ordenó una batería de medidas con “el objeto de disipar aquellos interrogantes que aún subsisten” y que “podrían incidir en su resolución”. Además, dio lugar a requerimientos presentados por los abogados de Sandra Arroyo Salgado (Manuel Romero Victorica, Juan Ignacio Vigleiro y Ricardo Casal) y Pablo Lanusse, el ex fiscal que representa a la madre del ex titular de la UFI AMIA.

La jueza fijó la atención en el entramado de comunicaciones entre espías, custodios y funcionarios, que se intensificaron desde la hora probable de muerte de Nisman y su hallazgo. Se trata de los ex SIDE Jaime Stiuso, Fernando Pocino y Alberto Mazzino; del ex número dos de la SI Juan Martín Mena, el fiscal Carlos Stornelli y el ex jefe del Ejército César Milani, entre otros.

En ese sentido, la jueza tomó la decisión de profundizar los entrecruzamientos de llamados, pero determinó que no sea la División de Fraudes Bancarios de la Policía Federal que lo haga, sino peritos de Gendarmería, que revisarán el trabajo anterior y ampliarán el análisis a todos los que estuvieron en Le Parc la noche que encontraron al fiscal muerto, incluso, el ex secretario de Seguridad Sergio Berni.

Como se recordará, Nisman fue encontrado sin vida cuatro días después de haber denunciado a la entonces presidenta, Cristina Kirchner y varios altos funcionarios del gobierno, por presunto encubrimiento de la investigación del atentado a la AMIA.

Nuevos testimonios complicarían a Cristina

La decisión de Mauricio Macri de desclasificar todos los archivos y documentos relativos no solo a la muerte de Alberto Nisman, sino también a las negociaciones de Argentina con Irán durante los años 2012 y 2013 y de autorizar a los actuales y ex agentes y empleados de la ex SIDE a que declaren en la Justicia, puede traer consecuencias impensadas para el Frente para la Victoria y la ex presidente Cristina Kirchner. Los investigadores y el Gobierno apuestan a que estos nuevos testimonios aporten luz sobre la propia muerte del fiscal por un lado y, por el otro, en forma simultánea permitan conocer las negociaciones y los verdaderos motivos por los que el gobierno anterior decidió en enero de 2013 el malogrado Memorándum de Entendimiento con Irán, país cuyo parlamento jamás lo aprobaría.
En realidad, sospechan que los casos están unidos y que conocer la verdad en uno de ellos permitirá descorrer el velo de lo que sucedió en el país en la materia en los últimos tres años y medio. De ahí que comiencen a pensar en las responsabilidades legales del gobierno kirchnerista y de la propia Presidente en los sucesos.

Una justicia que nunca investigó al poder político

El jefe de la Unidad de investigación del ataque a la AMIA, Mario Cimadevilla, reconoció en las últimas horas que tiene "dudas de que la Justicia haya estado en condiciones de investigar al poder" en los casos de la muerte de Nisman y el atentado contra la mutual judía perpetrado el 18 de julio de 1994 y que provocó 85 muertes.

Cimadevilla sostuvo que "cuando el poder político, la Justicia y la Inteligencia ocultan en vez de investigar, es muy difícil generar un clima de colaboración para aclarar lo que pasó", al tiempo que advirtió que "hay un problema manifiesto en el funcionamiento del Poder Judicial".

Al respecto de los motivos de la muerte del fiscal Nisman, el ex senador indicó que tiene "la misma duda que tienen los 40 millones de argentinos", aunque aseguró que "tiene que ver con lo que estaba investigando".

"El kirchnerismo entiende que los jueces deben ser del poder, no de la ley. Nosotros entendemos que deben ser de la ley y la Constitución", añadió sobre ese tema.