“No voy a ser candidata a nada”

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sostuvo que la condena de seis años de prisión en su contra no obedece a un “lawfare ni a un partido judicial; esto es un Estado paralelo y mafia judicial”.

La exmandataria señaló que la “confirmación” de esa situación fue la filtración de un viaje de exfuncionarios, magistrados y exagentes de inteligencia a Lago Escondido.

Anunció que no será candidata a ningún cargo en las elecciones de 2023 en un mensaje que emitió apenas se conoció el veredicto el tribunal que la juzgó en la causa Vialidad.

“No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vicepresidenta a que la maltraten en período electoral con una candidata condenada, con inhabilitación perpetua”, afirmó Fernández de Kirchner en una transmisión por su canal de YouTube, luego de que el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 diera a conocer el veredicto en la causa que sigue la administración de obra pública en Santa Cruz.

Al dirigirse en un mensaje público al CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, la exmandataria expresó: “El 10 de diciembre de 2023 no voy a tener fueros, así que podrá darles la orden a sus esbirros de Casación y la Corte Suprema de que me metan presa”.

“Presa o muerta”

“No voy a ser candidata a nada. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo, como en 2015, a mi casa”, subrayó. Y agregó: “Eso si a algunos Caputos de la vida no se les ocurre financiar bandas marginales y antes del 10 de diciembre de 2023 me peguen un tiro, que es lo que quieren. Presa o muerta”, apuntó sobre el intento de magnicidio que sufrió el 1° de septiembre en las inmediaciones de su casa.

El TOF 2 condenó hoy a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del erario público con la obra pública en Santa Cruz. “A mí, inhabilitación perpetua, y estos, los amarillos que nos dejaron 45.000 millones de dólares con el FMI, se pasean en los aviones de Clarín”, señaló la vicepresidenta.

Fernández de Kirchner sostuvo que la ­condena en su contra no obedece a un “lawfare ni a un partido judicial; esto es un Estado paralelo y mafia”. Y señaló que la “confirmación” de esa situación fue la filtración de un viaje de exfuncionarios, magistrados y exagentes de inteligencia a Lago Escondido, y sobre el cual el Presidente Alberto Fernández hizo referencia ayer por cadena nacional.

Además, sostuvo que la condena por administración fraudulenta con la obra pública “estaba escrita” y planteó que “no es que fuéramos clarividentes ni adivinos”, pero “si una causa en la cual un juez, el inefable (Julián) Ercolini, se había declarado incompetente luego de una denuncia de diputados de la oposición por obras en Santa Cruz y la enviara a la provincia, y luego, ocho años después, la resucita cuando llega el gobierno de (Mauricio) Macri, y las 51 o 49 obras que había mandado al sur las trae de nuevo, aun habiendo sido sobreseídas, está claro que la idea era condenarme”.

“Apareció una mujer con las características de gente que no es una mascota”, aseguró, y afirmó: “Yo no soy mascota ni nunca voy a ser mascota del poder. No voy a mover la patita ni hacerme la muertita”, citando una canción del grupo Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

El fallo

El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 condenó a Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa por la obra pública en Santa Cruz, una sentencia que para la vicepresidenta fue dictada por un “Estado paralelo, una mafia judicial”.

La sentencia quedará firme cuando se agoten todas las instancias, es decir, cuando la Corte Suprema haya respondido todos los planteos que le lleguen.

El TOF 2 absolvió además por mayoría a la expresidenta y al resto de los acusados en relación al delito de asociación ilícita por el cual los acusaron los fiscales del juicio Diego Luciani y Sergio Mola: el voto en disidencia en relación a ese punto fue del juez Basso.

El tribunal también condenó al empresario Lázaro Báez a seis años de prisión como partícipe necesario de administración fraudulenta, en tanto que al exsecretario de Obras Públicas José López y al exdirector de Vialidad Nacional Néstor Periotti también los sentenció a seis años de cárcel como coautores del delito, a la vez que dispuso su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

De los trece imputados por este caso hubo tres que fueron absueltos: el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y el expresidente de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz (AGVP) Héctor Garro.

En tanto, el exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner resultó sobreseído por extinción de la acción penal. Había sido acusado por supuesto incumplimiento de funcionario público.

Entre los condenados también estuvieron Juan Carlos Villafañe, exjefe de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz (AGVP, cinco años de prisión), Raúl Pavesi (también ex-AGVP, cuatro años y medio) y José Raúl de Santibáñez, del mismo organismo (cuatro años). A Raúl Daruich, ­responsable del Distrito 23 Santa Cruz de Vialidad Nacional, la impusieron tres años y medio de cárcel.

El TOF 2 decidió, además, “disponer el decomiso de los efectos del delito, que consiste en la suma actualizada de ochenta y cuatro mil ochocientos treinta y cinco millones, ­doscientos veintisiete mil trescientos setenta y ocho pesos con cuatro centavos ($84.835.227.378,04)”, según leyó el presidente del tribunal, Gorini.

El veredicto

Comodoro Py 2002 amaneció con fuertes medidas de seguridad, doble vallado, solo un acceso habilitado y dos centenares de policías destinados a la custodia.

La lectura del veredicto comenzó a las 17.31 y concluyó 17 minutos después en una sala de audiencias de los tribunales federales, en el barrio porteño de Retiro.

Mientras un grupo de manifestantes clamaba fuera del edificio por “Cristina presidenta”, los imputados, sus defensores y los fiscales seguían la audiencia a través de la plataforma virtual Zoom.

Tras la lectura del veredicto, el tribunal difundió una breve reseña de los fundamentos que serán dados a conocer el año que viene, en la que los jueces afirmaron que existió una maniobra para beneficiar a Lázaro Báez y que para su concreción fue esencial su relación con la familia Kirchner.

Los jueces sostuvieron que los hechos investigados “evidencian la existencia de vínculos promiscuos y corruptos entre funcionarios de la administración pública (nacional y provincial) y las empresas contratistas del Estado pertenecientes al mencionado grupo empresarial”.

Esos lazos, sostuvieron, “fueron determinantes para la concreción de una defraudación en la que predominó una ficta legalidad para instrumentar procesos y decisiones administrativas que buscaron asegurar y disimular un beneficio ilegítimo a favor de, por lo menos, dos de las personas imputadas en este proceso (Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Antonio Báez)”.

“Tenemos la certeza de que, mediante la tramitación de cincuenta y un procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional en los términos y condiciones establecidos por la ley penal”, aseveraron los jueces en su reseña.

“La evidencia ha demostrado que durante ese período las obras viales licitadas en esa provincia fueron sistemáticamente adjudicadas a un grupo de empresas vinculadas al ­imputado Lázaro Antonio Báez, grupo cuya conformación y crecimiento económico ­exponencial se vio directamente asociado con la asignación de obra pública vial en el ámbito de esa jurisdicción”, señalaron los magistrados.