Nuevo revés judicial contra Milei por el ajuste universitario

Luego que la Justicia frenó 80 artículos de la reforma laboral, el Gobierno nacional recibió otro revés judicial. La Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo le ordenó que aplique de manera “inmediata” la Ley de Financiamiento Universitario que fue aprobada el año pasado en el Congreso y prevé un fuerte aumento del presupuesto para las universidades nacionales.

Esta resolución se dio luego de tres semanas de paro nacional universitario, que afectó a la mayoría de las casas de altos estudios del país, en reclamo por recomposición salarial.

La resolución judicial desestimó los argumentos en los que se apoyaba la administración libertaria para no aplicar la norma ya sancionada y los calificó de “poco serios”.

El fallo también exige la recomposición de los salarios de los nodocentes y docentes universitarios, desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, en septiembre de 2025. A su vez, resuelve que el Ejecutivo nacional deberá poner en marcha la actualización de las becas de investigación. La Cámara aseguró que la suspensión por decreto de la ley “es ilegítima”.

El mes pasado, el Gobierno apeló la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley, a través de la Procuración del Tesoro, luego de un amparo llevado adelante por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Esta resolución se dio luego del reclamo conjunto del CIN y diversas universidades públicas ante el desfinanciamiento del sector, y luego de tres semanas de paro nacional universitario, que afectó a la mayoría de las casas de altos estudios del país, por la recomposición salarial.

“Con dos sentencias de medidas cautelares dándole la razón a las Universidades el Ejecutivo nacional debe cumplir con la ley vigente desde octubre del año pasado. Aun si pretenden plantear un recurso ante la Corte Suprema para dilatar el cumplimiento, la Corte tiene dicho que no se expide sobre cautelares porque no son materia de su competencia por no ser sentencias definitivas”, escribió Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Por su parte, Federico Montero, profesor de la UBA y dirigente nacional de Conadu, afirmó: “La cautelar restituye un principio básico del Estado de Derecho: las leyes deben cumplirse”.