La iniciativa beneficiará a más de 250.000 trabajadores rurales.
Por medio del decreto 514/2021, publicado ayer en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional oficializó la medida que busca promover el empleo registrado y la ampliación de la protección social de los trabajadores rurales que prestan servicios en actividades temporales y estacionales.
El decreto lleva la firma del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.
Esta medida había sido anunciada el jueves pasado por el primer mandatario en un acto que él mismo encabezó en Concordia, Entre Ríos, en donde presentó este plan que beneficiará a 250.000 trabajadores rurales que llevan adelante actividades temporales y estacionales en ese ámbito.
No obstante, según detallaron oficialmente en un comunicado días atrás, teniendo en cuenta los beneficiarios directos y sus grupos familiares, “la política impactará en la vida de más de dos millones de personas”.
El decreto permite mantener la percepción de los planes y programas sociales y de empleo con el trabajo registrado, y alcanzará a los grupos familiares de los beneficiarios, que representan a un tercio del total de los trabajadores rurales asalariados de toda la Argentina.
Así, con la implementación de la iniciativa, los beneficiarios de programas como Potenciar Trabajo y la tarjeta Alimentar podrán ser contratados en las actividades comprendidas en el plan sin que eso implique la pérdida de sus percepciones sociales no contributivas.
Además, se establece una garantía a través de la cual los titulares de asignaciones universales que trabajen bajo esa modalidad percibirán los beneficios no contributivos que les correspondan, percibiendo como mínimo el monto equivalente al 100% del valor de las asignaciones universales por hijo para la protección social.
Asimismo, el decreto publicado ayer encomienda al Ministerio de Trabajo a que, en forma conjunto con el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), “evalúe las modificaciones necesarias a los fines de adecuar la normativa a los objetivos” establecidos.
Además, se detalla que el decreto entrará en vigencia desde el 1° de septiembre de este año y que regirá “por el término de dos años contados desde dicha fecha”.
El jueves pasado en Concordia, el jefe de Estado señaló que “esta solución que estamos presentando ha contado con el acuerdo de los que producen de las distintas regiones, y también ha sido una propuesta de la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular). Estamos encontrando una respuesta a un dilema de 250.000 argentinos”.