Para Cafiero el fallo de la Corte fijó “una postura política”

El jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, sostuvo que el fallo de la Corte Suprema contra el DNU 241, que suspendía las presencialidad escolar en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) hasta el viernes 30 de abril, “no agregó nada” y que “lo que hizo fue fijar una postura política” en “términos de preferencias electorales”.

El funcionario fue consultado por la sentencia del máximo tribunal en favor de la posición de la Ciudad de Buenos Aires y contra la esgrimida por la Casa Rosada, y en ese marco afirmó que se trató de “un fallo estrictamente político”.

“Político en términos de sus preferencias electorales y no de política sanitaria”, subrayó.

Cafiero sintetizó la visión del Ejecutivo nacional sobre la resolución del máximo tribunal al remarcar que el DNU en cuestión “ya no estaba vigente” y sus medidas “estaban caducas”.
“Se perdió tiempo, no agregó nada. Lo que hizo fue fijar una postura política”, dijo.

En el mismo sentido, criticó la posición de la administración porteña que encabeza Horacio Rodríguez Larreta, a quien cuestionó porque “no solo incumple con un marco normativo” vigente sino que además “ni siquiera va a la Justicia” para objetarlo. En ese punto, Cafiero se refería al nuevo DNU 287, que sí está vigente y que dispuso mantener la suspensión de la presencialidad en las zonas declaradas en alerta epidemiológica, como el AMBA (lo que incluye a la CABA).

“La Ciudad continúa con esa tesitura, con una negación de lo que viene sucediendo: las terapias están al límite y las personas terminan yendo al Conurbano. Rodríguez Larreta prefirió jugar a la política”, cuestionó Cafiero.

El jefe de Gabinete, a modo de interpretación política, atribuyó las últimas decisiones de Larreta a que está “muy presionado por (Mauricio) Macri y por (Patricia) Bullrich”.

“Tiene estas actitudes, pero pide vacunas, respiradores, nos pide ayuda, que se la vamos a seguir dando”, aclaró.

Respecto de la pandemia y la oposición, informó que mañana se enviará al Congreso el proyecto de ley que establece parámetros “objetivos” de riesgo epidemiológico.