Piden derogar la norma sobre agroquímicos de Vidal

A fines de 2018, cuando María Eugenia Vidal gobernaba la provincia de Buenos Aires, se publicó en el Boletín Oficial bonaerense la resolución 246, sobre el uso de agroquímicos. El hecho no pasó desapercibido: la norma establecía criterios y límites a la utilización de sustancias, como el glifosato, que hace décadas se asocian a problemas graves de salud, pero estos criterios y límites resultaban en muchos casos más laxos que los ya existentes a nivel municipal y, por lo tanto, en realidad ampliaban la capacidad de la industria agropecuaria para utilizarlos.

Tal fue la reacción de las organizaciones ambientalistas ante esta novedad que la propia Vidal tuvo que suspender la aplicación de esa resolución. Y a lo largo de los años fue suspendida una y otra vez. El gobierno actual de la Provincia, a cargo de Axel Kicillof, acaba de volver a posponerla por un lapso de seis meses adicionales, con lo cual se prorroga por medio año más el estado de las cosas. Pero hay quienes piensan que con esto no es suficiente y que esa norma debe ser directamente dada de baja.

En este caso no se trata de organizaciones vecinales o asociaciones ambientalistas independientes, sino del propio Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas ­(Conicet), un organismo del Estado nacional que goza de gran prestigio. La voz de alerta vino desde el Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIM), que depende de esa entidad.

El doctor Damián Marino, integrante del CIM, es especialista en Química e investigador en temas de ambiente, conservación y sustentabilidad, y se dedicó a escudriñar los efectos contaminantes de las actividades agropecuarias en la pampa argentina. Tras la suspensión de la norma dictada por Vidal, el especialista salió a pedir que se tome una medida más drástica: que se derogue, directamente, y se establezca otra legislación.

La resolución tomada por el gobierno de Vidal (formalmente el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia) “está llena de puntos de conflicto y de problemas”, dijo Marino, quien llamó a las autoridades a realizar un estudio “para saber cuál es el estado de salud de las poblaciones y cómo han cambiado los perfiles de patologías más frecuentes y las causas de muerte”, y a “tomar dimensión” de la gravedad del problema de salud pública que supone el uso de agroquímicos.

Entre los puntos más criticados de esta resolución figura la falta de parámetros para fumigar, como una distancia mínima respecto de las zonas pobladas. Y, en el caso de las escuelas, prohibía fumigar en sus inmediaciones, pero solo en horario escolar. No hace falta decir que los agroquímicos esparcidos antes o después de las clases de todas maneras encuentran su camino hacia los organismos de los chicos. Y de los docentes y otras personas que circulan por las escuelas.

Efectos en los niños

A mediados del año pasado, como lo informó oportunamente diario Hoy, la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) publicó un informe acerca de, justamente, los efectos nocivos que los pesticidas tienen sobre la población infantil. Según ese documento, elaborado por un equipo de científicos e investigadores de varias disciplinas, además de médicos, hay evidencias “contundentes” de que esos productos son dañinos; los especialistas llamaron a “colaborar con la erradicación o drástica disminución del uso de estos tóxicos”.

En la guía se analizan los efectos de los agroquímicos utilizados en el campo argentino, entre ellos el glifosato, el paraquat y la atrazina, sobre la salud infantil. El catálogo de males que se enumeran allí da escalofríos: enfermedades neurodegenerativas, cáncer, trastorno del ­desarrollo, autismo, malformaciones congénitas, asma… y la lista sigue.

En busca de una solución

El gobierno de Kicillof no se limitó a suspender (tres veces) la resolución. También creó, en 2020, el Observatorio Técnico de Agroquímicos (OTA), que tiene la misión de evaluar la situación y proponer alternativas. También creó una mesa de trabajo de la que participan los ministerios de Ambiente, Desarrollo Agrario y Salud, y también la Autoridad del Agua.

Esta última suspensión se produjo, según la publicación en el Boletín Oficial bonaerense, “a los efectos de culminar las mesas de trabajo regionales, locales e instancias representativas de las zonas productivas agropecuarias de la provincia de Buenos Aires”. Y, en efecto, se trata de una suspensión más corta que las anteriores: tanto la dispuesta por Vidal como las dos practicadas antes por Kicillof fueron por un año, y esta, por seis meses, lo que permite augurar que luego de este plazo no habrá una nueva prórroga. Esta vez podría avanzarse en una solución más radical, que derive en que la norma de Vidal quede sin efecto, como quiere el investigador del Conicet.