La solicitud fue realizada por exsoldados que intervinieron en la Guerra de Malvinas. El pedido fue plasmado en una carta dirigida a Fernanda Raverta, titular de la Anses. Hablan de “irregularidades en el otorgamiento y continuidad de beneficios contemplados en la Ley 23.848”.
27/07/2022 - 00:00hs
El colectivo que agrupa a exsoldados y civiles que intervinieron en la Guerra de Malvinas advirtió ayer “irregularidades en el otorgamiento y continuidad de beneficios contemplados en la Ley 23.848” específicamente “en el estricto cumplimiento del artículo 6° del Decreto 1357/04” en la pensión honorífica que recibe el exmilitar Aldo Rico.
La advertencia fue dirigida a la titular de la Anses, Fernanda Raverta, por parte de la Mesa de Coincidencias Malvinas (Mecoma), el colectivo que agrupa a exsoldados y civiles que participaron de la guerra en 1982.
“Esta norma otorga la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur, un reconocimiento basado de los méritos y honores, de carácter no contributivo y graciable, que constituye en verdad un instituto de reconocimiento, puesto que excede los estándares de los derechos previsionales ordinarios” y que, por ende, “corresponde que al interpretarlo se aplique un temperamento preciso y restringido”.
Los excombatientes le explican a Raverta en la misiva que el Poder Ejecutivo Nacional consideró “de suma importancia establecer” a través del artículo 6 del Decreto N°1357/04 cuáles eran los supuestos de gravedad que impedían el acceso al beneficio honorífico.
En ese punto, menciona que “los veteranos de guerra que hubieran sido condenados, o resultaren condenados, por violación de los derechos humanos, por delitos de traición a la Patria, o por delitos contra el orden constitucional, la vida democrática u otros tipificados del Código Penal, no podrán ser beneficiarios de las pensiones de guerra a que se refiere el presente decreto”.
“Desde nuestras organizaciones bregamos por el cumplimiento de dichas normas y más aun por tratarse de un universo de beneficiarios donde muchos de ellos formaron parte de las estructuras de las FF.AA. durante la Dictadura cívico-militar. Posteriormente, ya recuperada la democracia, miembros de las FF.AA. y de Seguridad cometieron actos ilícitos como los episodios llevados a cabo en los alzamientos militares en los años 1987, 1988 y 1990”, indicaron estos excombatientes a través del comunicado.
Sedición
El colectivo Mecoma recordó lo ocurrido el pasado viernes 22 de julio cuando transcendió públicamente un video en el que Rico, “recordado por todos los argentinos como un desestabilizador del sistema democrático, lanza una proclama cuyas manifestaciones fueron repudiadas por antidemocráticas y desestabilizadoras”.
Ante este episodio, los excombatientes revisaron registros y observaron que Rico es beneficiario de la Pensión Honorífica, por lo que pidieron “su revisión y que se verifique si en este caso se viola lo establecido en el artículo 6° del Decreto 1357/04, al tratarse de recursos que surgen del erario público”. Por último, ofrecieron “contribuir” desde la experiencia y conocimiento “para que la impunidad no sea premiada”.
Este lunes dos jueces Federales resultaron sorteados para intervenir en las denuncias presentadas por “amenaza de rebelión” contra el exmilitar carapintada, a raíz de sus dichos en un mensaje dirigido a las Fuerzas Armadas.
El magistrado federal Ariel Lijo quedó a cargo de una denuncia presentada por el procurador fiscal ante la Corte Suprema, Víctor Abramovich; en tanto que su par Sebastián Casanello resultó sorteado ante la presentación que había hecho el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, en nombre del Gobierno argentino.