En una carta enviada a los bloques legislativos en la Cámara de Diputados, Jan Jarab expresó señales de alarma ante un “proyecto intente flexibilizar el uso de la fuerza”.
30/01/2024 - 00:16hs
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) expresó su “preocupación” acerca de que el Proyecto de Ley de Bases, enviado por el Gobierno nacional y en estudio de la Cámara de Diputados, “contiene varios cambios que podrían caracterizase como regresivos”.
“Preocupa que el proyecto intente flexibilizar el uso de la fuerza, debilitar la rendición de cuentas y la responsabilidad por los resultados de ella y, además, aumentar la posibilidad de violencia por particulares, expandiendo la noción de legítima defensa”, opinó Jan Jarab, representante regional para América del Sur del Acnudh, en una carta fechada el 22 de enero pasado en Santiago de Chile, enviada a los presidentes de los bloques legislativos en Diputados y difundida en sus redes sociales por el Centro de Estudios Legales Sociales (CELS).
El texto indicó como un “principal elemento de preocupación” que entre las reformas propuestas al Código Penal por el Proyecto de Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos surge la “hipótesis eximente de responsabilidad llamada obediencia debida”, como también que “la proporcionalidad del medio empleado debe ser siempre interpretada en favor de quien obrare en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo”.
“En la práctica, esto significaría eliminar uno de los requisitos fundamentales para el uso legítimo de la fuerza, permitiendo un uso indiscriminado y arbitrario, incluso en un contexto de manifestaciones”, evaluó Jarab.
“Argentina ya ha tenido problemas con el uso innecesario o excesivo de fuerza por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, recordó Jarab.
Analizó que también “preocupa” al Alto Comisionado que se amplíen “las hipótesis de la figura eximente de la legítima defensa”, algo que “podría representar un peligro de autotutela y violencia, más aún en un contexto complicado a nivel político, social y económico”.
Al respecto, Jarab indicó que la protesta “es un derecho que históricamente fue vehículo para conseguir otros derechos, desde los civiles y políticos hasta los económicos, sociales, culturales y ambientales”, por lo que es “deber del Estado garantizar su ejercicio”.