Procesan a dos exfuncionarios de Vialidad por los cursos de oratoria de Iguacel y otros gastos

Los procesamientos fueron dictados por el juez federal Sebastián Casanello y alcanzan al excoordinador General de Recursos Humanos de Vialidad Nacional, Alejandro Manuel Caviglia, y al coordinador general de Administración y Finanzas de esa dirección, Jorge Del Pup.

El magistrado los procesó por la supuesta comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, no solo por los cursos de oratoria sino también por irregularidades en la contratación de médicos y la utilización de los fondos de la denominada "caja chica".

"La investigación permitió corroborar, con el grado de probabilidad exigido para esta etapa, que se utilizaron fondos públicos asignados a la DNV de manera irregular al no dar cabal cumplimiento a la normativa que, como funcionarios públicos, los imputados estaban obligados a respetar", sostuvo el juez Casanello en un fallo 44 páginas al que tuvo acceso Télam.

"Nos encontramos con dos contrataciones que tendrían que haberse desarrollado conforme la ley de contrataciones -por medio de licitación, concurso o contratación directa- que son: 1) los cursos de comunicación efectiva y 2) la contratación de médicos", detalló el magistrado.

El trámite de contratación de los cursos de oratoria comenzó el día 5 de diciembre del año 2016 con la nota número 4795, titulada "Curso de comunicación efectiva para el Ing. Javier Iguacel" firmada por Caviglia y dirigida a Del Pup, aunque surge de la investigación que las facturas utilizadas para justificar el gasto son todas anteriores a esa fecha.

En esa nota, se aseguraba que, "habiendo tomado conocimiento de las funciones conferidas al Sr. Administrador General y en pos de reforzar sus habilidades en cuanto a la comunicación efectiva que resulta imprescindible para la gestión, se considera necesario hacer hincapié en el desarrollo de técnicas de exposición oral y la valorización de la palabra como herramienta principal unida a la capacidad de liderazgo".

También, se sostenía que adquirir esa capacidad resultaba primordial para el ejercicio de la función encomendada a Iguacel, lo que supuestamente justificaba la contratación de "servicios especiales en la materia", y la aplicación de procedimientos de excepción solo habilitados para casos de necesidad y urgencia.

"Se recomienda la utilización de un procedimiento de excepción dado que la urgencia no permite la tramitación de procedimiento alguno según la normativa en materia de Compras y Contrataciones de la Administración Pública Nacional", rezaba la nota que a la vez recomendaba la contratación de la Escuela de Arte de Cecilia Maresca porque era "la única empresa que [contaba] con la capacidad de efectivizar el mencionado curso de manera inmediata sin reservas ni listas de espera".