Provincia: el freno al tarifazo en la luz debe regir por “dos años”

Así lo ratificó el juez Luis Federico Arias, que ordenó dar marcha atrás con los aumentos que golpean a Pymes y usuarios en general. Por su parte, el gobierno nacional recurrió a la Corte para evitar la sucesión de amparos. Opinan los especialistas

Los reclamos se reiteran en Tolosa, Villa Elisa, City Bell, Melchor Romero y distintas zonas de La Plata: “No tenemos luz”. Los lapsos varían: “Hace dos días”, dice uno. “Ya van más de 12 horas”, protesta otro. La indignación se potencia y se justifica más que nunca tras el tarifazo de entre el 100% y 200% que -autorización del gobierno de María Eugenia Vidal mediante- la empresa Edelap aplicó en sus boletas, sin llamar a audiencia pública y, como se hace evidente en cada corte, sin contemplar un plan de obras que garantice un servicio eficiente.

Atendiendo a estas quejas es que el juez en lo Contencioso Administrativo de nuestra ciudad, Luis Federico Arias, ordenó suspender los aumentos de tarifas de energía eléctrica en toda la provincia de Buenos Aires que habían sido aprobado por la mencionada EDELAP, como también por EDES, EDEA y EDEN, dando marcha atrás con la Resolución Nº 22/16 dictada por el Ministerio de Infraestructura de la Provincia que conduce Edgardo Cenzón.

Ayer, Arias advirtió que su medida fue dictada por el “plazo de dos años, porque es lo que suponemos que es lo que va a durar el juicio hasta que se dicte sentencia”, y ratificó que el fallo respondió a “la ausencia de audiencia pública antes del aumento del cuadro tarifario”, al tiempo que explicó que “la audiencia pública es un requisito indispensable para cumplir el derecho de información veraz que tiene el usuario”.

El magistrado dispuso, además, que “se ordene a las empresas demandadas a abstenerse de aplicar la nueva tarifa, efectuar una nueva liquidación y emitir nuevas facturas o, para el caso en que la nueva facturación no fuera emitida antes de los sucesivos vencimientos, que la empresa admita el pago del servicio según el cuadro tarifario vigente con anterioridad al incremento establecido, sin que ello implique la alteración o interrupción del servicio”; por esto, recomendó que, aquellos usuarios a los que les haya llegado la factura con aumento, “esperen la próxima liquidación”.

En un sentido similar, tal como informó Hoy en su edición de ayer, el titular del Juzgado Federal número 4 de La Plata, Alberto Recondo, ordenó al Ministerio de Energía de la Nación que cite a todos los usuarios, consumidores y asociaciones que los nuclean a una audiencia pública para definir las nuevas tarifas del gas. Si no lo hace en 20 días, podrían retrotraerse los montos tarifarios al 31 de marzo.
El impacto del tarifazo y la disposición de la Justicia a atender los reclamos hacen crecer cada vez más los amparos y movilizaciones de consumidores, Pymes, pequeños comerciantes y clubes de barrio para los que estos fuertes incrementos significan una apretada soga en el cuello, en tiempos en que la inflación y la recesión se profundizan.    

Pero en este escenario, el gobierno nacional busca que la Corte Suprema ponga un freno a la “judicialización”. Con ese objetivo, el procurador del Tesoro, Carlos Balbín, realizó una presentación judicial, para que el máximo tribunal inhiba un fallo de Chubut que frenó los aumentos e intervenga para definir la constitucionalidad o no de los tarifazos en gas y electricidad.

Insólitamente, entre los argumentos se apeló a la “gravedad institucional” que generarían los amparos a tarifas de servicios indiscutidamente esenciales como la luz y el gas.

Reunión con gobernadores

Mientras, ayer los ministros del Interior, Rogelio Frigerio, y de Energía, Juan José Aranguren, recibieron a gobernadores patagónicos para analizar “distintas variantes” que alivien los incrementos tarifarios sobre las pequeñas y medianas empresas.

Según se comprometió el gobierno, hoy presentaría una propuesta para las provincias del sur, tras la “solución” ofrecida la semana pasada, consistente en un tope de 400% a los aumentos de las tarifas domiciliarias de gas, un límite considerado insuficiente e “imposible” de pagar en una zona con temperaturas implacables en el invierno.

“Que los usuarios no paguen ningún aumento”

Por Héctor Polino (Presidente de Consumidores Libres)
Especial para Hoy

Estoy de acuerdo totalmente con el fallo judicial, porque no se llamó a una audiencia pública para informarle a los usuarios los aumentos que ahora ven en sus boletas. Faltó, además, una revisión tarifaria integral, que detallara las subas y las supuestas inversiones realizadas.

Yo recomiendo a los usuarios que acaten la medida, que no paguen ningún aumento, porque son abusivos, inconsultos y responden a los intereses de empresas que no calcularon el valor de la tarifa justa que debe pagarse.
Por eso interviene la Justicia, porque estas facturas resultan impagables para los usuarios más vulnerables, para las Pymes, clubes sociales, comedores comunitarios.

“La gente recurre a la Justicia porque la política hace las cosas mal”

Por Sandra González (Titular de la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la República Argentina (ADECUA)
Especial para Hoy

La audiencia pública es una herramienta imprescindible que tenemos los consumidores para debatir y discutir cuestiones como un aumento tarifario. Esto es lo que está defendiendo el fallo del juez Luis Federico Arias, sin mencionar que los incrementos han sido excesivos y por eso surgen los distintos amparos.

Advertimos una falta de sensibilidad con los sectores más vulnerables de la sociedad: el pequeño empresario no tiene forma de sostener este tarifazo, no puede trasladarlo a los precios porque la gente no compra y tiene que elegir entre pagar la luz, quebrar o echar gente.

A su vez, hay que decir que si la gente tiene que recurrir a la Justicia para pagar la luz o el gas es porque la política está haciendo algo mal y no puede resolver algo tan importante como garantizar el acceso universal de servicios esenciales.