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La querella de los familiares de las víctimas de la represión reclamaron que se confirmen las condenas al exsecretario de Seguridad y al exjefe de la Policía Federal del gobierno de De la Rúa.
05/11/2021 - 00:00hs
La querella de los familiares de víctimas de la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001 reclamó ayer a la Cámara Federal de Casación que confirme las condenas al exsecretario de Seguridad del gobierno de Fernando de la Rúa, Enrique Mathov, y al exjefe de la Policía Federal, Rubén Santos.
Por su parte, las defensas de ambos pidieron anular las penas, al exponer en una audiencia virtual que mantuvieron ante la Sala I del máximo tribunal penal federal del país a través de la plataforma Zoom.
“Estos hechos están calificados como una grave violación a los derechos humanos y debe haber una adecuada proporción entre la pena fijada y la gravedad de los hechos”, sostuvo el abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Rodrigo Borda, querellante por los familiares de tres fallecidos ese día y de 25 heridos.
Mathov está condenado a 4 años y 3 meses de prisión efectiva y Santos a 3 años y 6 meses por el homicidio culposo de tres fallecidos en las protestas que precedieron a la renuncia del fallecido expresidente De la Rúa, Gastón Riva, Carlos Almirón y Diego Lamagna.
En mayo de 2017, el Tribunal Oral Federal (TOF) 6 condenó a Mathov a 4 años y 9 meses de prisión y a 4 años a Santos, pero estas penas se recalcularon por orden de Casación. Ahora los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y la jueza Angela Ledesma quedaron en condiciones de resolver si confirman los nuevos montos fijados.
Tanto Mathov como Santos asistieron a la audiencia virtual, al igual que familiares de víctimas y heridos durante la represión policial de finales del 2001.
En la audiencia, el abogado Borda, por la querella de familiares que representa el CELS, se opuso a cualquier reducción de penas. “Sin lugar a dudas pretender bajar aún más la pena es un despropósito, perdón el énfasis, no puedo evitar decirlo de manera menos enfática”, dijo el abogado. Además remarcó que “hace falta” que la Justicia “se pronuncie en forma definitiva” a casi 20 años de los hechos.
Borda habló de los muertos y de los lesionados en la represión policial ese día y formuló un interrogante ante los magistrados: “¿Bajarle más la pena a los acusados? Me resulta difícil de explicarles a las víctimas. Es como decirles que la salud de ellas no valen o valen menos”.
“Esta sentencia tiene que ver con el valor que se le otorga a la vida perdida, las vidas de Diego Lamagna, Gastón Riva y Carlos Almirón y la integridad física de todos los heridos tiene valor”, concluyó.
En algunos casos “el daño es irremediable, y no me refiero solo a los homicidios, me refiero también a las lesiones. No se puede seguir menospreciando ese valor con penas aún más a la baja”, afirmó el letrado.
A su turno, las defensas pidieron que se declare la nulidad de las penas resueltas por el Tribunal Oral o, en todo caso, se reduzcan para que sean de cumplimiento condicional y evitar que los exfuncionarios queden presos.
La defensa de Mathov
En el caso del exsecretario de Seguridad, su abogado Jorge Valerga Aráoz planteó además que el delito está prescripto, y le pidió a Casación posponer cualquier decisión hasta que pueda manifestarse sobre este punto, a estudio todavía en TOF n° 6.
La defensa de Mathov argumentó que la “acción penal está extinguida” y solicitó “diferir el dictado del fallo hasta que este incidente de prescripción esté en condiciones de ser resuelto por este Tribunal”.
El abogado pidió “invalidar” la sentencia que recalculó las penas de cumplimiento
efectivo.
“Mathov actuó sin el conocimiento propio del dolo, fue un delito imprudente”, agregó al remarcar que el exfuncionario “mantuvo su vida paralizada hace 20 años por esta acusación”.
Asimismo, acotó que “está sometido al constante escarnio público. Es hostigado por medios de comunicación masiva cada vez que se evoca el 20 de diciembre. Padece juicio civil y problemas de salud”.
“El peso simbólico de la condena tiene peso específico por sí mismo y, ante este panorama”, se busca “enviarlo a la cárcel como pretende la acusación y como resolvió el TOF 6”, concluyó.
La defensa de Santos
El abogado Adolfo Vázquez remarcó que la condena no está firme y sostuvo que el exjefe de la PFA “procedió convencido de estar actuando a derecho”.
“No tuvo en cuenta el Tribunal Oral que los hechos se dieron en un contexto único, sin precedentes de esa fecha”, afirmó al coincidir en que Santos también es víctima de una “pena natural porque está sometido a proceso hace 20 años”.
“Ya se ha castigado bastante a Rubén Jorge Santos por cumplir su deber el 20 de diciembre de 2001”, agregó. Finalmente, pidió a Casación que anule la pena e imponga al acusado el mínimo legal previsto para evitar que quede preso.