Tras 11 años de reclamos y de un extenso incumplimiento por parte de la Ciudad, la Justicia volvió a pronunciarse, ordenando al Ejecutivo porteño a retomar el trabajo en la zona.
26/07/2022 - 00:00hs
Luego de más de una década de reclamos, un fallo judicial impulsó la protección ante los problemas eléctricos que sufren los vecinos de la villa 21-24, ubicada en Capital Federal.
La decisión de la Justicia obliga al Gobierno porteño a revertir la situación de riesgo ante un reclamo de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) que se originó hace 11 años.
En febrero del 2011, la Justicia se había pronunciado sobre la temática y dictaminó que el gobierno de la Ciudad actúe para evitar el peligro al que estaban expuestos miles de habitantes en ese barrio, que muchas veces tiene consecuencias fatales. Pero nada sucedió,
La Corte ordenó que se creara un protocolo para responder a emergencias eléctricas y que se elaborara un plan de obras que colabore con un mejor funcionamiento. Según confirmaron desde el organismo denunciante, tras el incumplimiento la Justicia volvió a pronunciarse y ordenó al Ejecutivo porteño cumplir con lo ordenado en el sector Tierra Amarilla de la villa 21-24.
Sobre este punto, la letrada que representa los intereses del programa Derecho a la Ciudad, Guillermina Greco, señaló a diario Hoy que “esta medida va en línea con la sentencia de fondo de 2018 porque el GCBA no está cumpliendo con la sentencia. La medida se da en particular para un sector del barrio que se llama Tierra Amarilla, donde se había identificado qué casas eran las que tenían riesgo más alto y se empezaron las tareas. Como parte de la causa, y para que se revierta el riesgo eléctrico, desde ACIJ pedimos que se ejecute la medida y que retomen las obras, aunque seguimos reclamando el cumplimiento del fallo en todo el barrio, esto es, que las personas de la villa 21 dejen de vivir con riesgo eléctrico porque las consecuencias son graves”.
Hace cuatro años, cuando el gobierno comenzó un relevamiento de las viviendas, dató que de las 706 viviendas visitadas, más de 300 sufrían un riesgo eléctrico crítico o alto. Tras ese relevamiento, comenzaron las obras que tuvieron un parate cuando la pandemia azotó al planeta.
En ese marco, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario número 2 de CABA ordenó que en los próximos cinco días las tareas se renueven en las casas con alto riesgo y que se realice un plan de trabajo para las de menor problemática.
Para ello, se deberá hacer una revisión de los tendidos eléctricos, de las conexiones domiciliarias y del alumbrado público, garantizando condiciones de seguridad para los vecinos. Once años después y con una sentencia definitiva incumplida, la Justicia volvió a pronunciarse y le ordenó al Ejecutivo porteño que retome los trabajos en el sector Tierra Amarilla de la villa 21-24.
El revés de la Justicia supone una erogación del gobierno porteño (en plena campaña de cara a 2023) para un sector de la sociedad en el que claramente no tiene puesta la vista y por este motivo también se puede explicar el retraso en las obras, dejando en claro para quién gobierna Juntos, y para quién gobernó Cambiemos y el PRO.