“Todos los corruptos del Poder Judicial siguen en sus cargos”

Hace 15 años, a Carlos Rozanski le tocó conducir el juicio contra el genocida Miguel Etchecolatz, en el que prestó testimonio Jorge Julio López. Hoy, ya retirado del Poder Judicial, el exjuez es una voz de alerta que constantemente advierte sobre los vicios y dobleces de una Justicia que desde entonces no ha sabido depurarse ni ­democratizarse.

En diálogo con diario Hoy, Rozanski se explayó sobre el tema de la “Gestapo antisindical” montada durante el gobierno de María Eugenia Vidal, la estructura ma­fiosa que posibilitó esa y otras operaciones y la persistencia de factores que tanto desde el ámbito judicial como el político y el mediático siguen procurando desestabilizar al Gobierno.

—En un análisis sobre el tema de la “Gestapo antisindical” usted consideró que era una más entre varias ramas de una estructura montada durante el macrismo. ¿Ve confirmada esta impresión a partir de las últimas revelaciones?

—Sin duda. Lo de la provincia de Buenos Aires tiene la contundencia de la imagen y el sonido que se pudieron conocer, pero solo confirma algo de lo que yo ya tenía ­certeza. El espionaje fue una parte central de la estrategia del gobierno de Mauricio Macri. El espionaje hacia extraños tuvo que ver con la persecución, con obtener información para ejercer presión. Y el espionaje hacia propios, con ciertos códigos mafiosos, que no son ­nuevos, y con obtener conocimiento para presionar desde otro lugar y con otro objetivo. La gente que está siendo filmada en el Banco Provincia no son enemigos del ­régimen de Vidal o Macri. En esa reunión se estaba gestando claramente una asociación ilícita, un delito gravísimo.

—Y este mecanismo después se aplicó, ¿no? Hubo causas que se armaron y hubo gente que fue presa.

—Sí, lo que sucedió después ­confirma el armado que se hacía en ese momento. Pero desde el punto de vista jurídico lo que pasaba ese día en esa reunión es un delito en sí mismo.

—Hay una parte de la población que ni se enteró de esto. Es notable, ¿no?

—Es que una característica de esos gobiernos fue la manipulación de la opinión pública, con ciertos ­grupos de medios hegemónicos. Luego continuó en el Gobierno actual, ­porque la campaña de sabotaje y desestabilización continúa. Esos medios que los ayudaron a ganar las elecciones en 2015 y para los cuatro años de saqueo al país hoy los están ayudando a lograr impunidad en los delitos que ­cometieron. Porque los medios hegemónicos construyen subjetividad cada día. En estos últimos años lo han hecho a partir de la difusión de noticias falsas. Si alguien dice todos los días que Cristina roba, mucha gente va a decir “Cristina roba”, sin tener la menor idea de qué robó ni cómo ni por qué, ni si realmente robó algo.

—¿Hay una parte de la Justicia, también, que sigue trabajando en ese sentido?

—El sector corrupto del Poder Judicial continúa en sus espacios habituales, eso es un dato de la realidad. La única excepción es Claudio Bonadio, que falleció. Pero el resto de la estructura que en su momento fue uno de los pilares del lawfare continúa. Siguen todos en sus cargos, encabezados, entre otros, por Carlos Stornelli.

—¿Usted es optimista respecto del trámite de esta causa en particular, en el sentido de que se pueda esclarecer y castigar a los responsables, o existe el peligro de que la Justicia no actúe tampoco?

—Yo creo que no se va a avanzar como se debería, porque el nivel de poder de la gente involucrada lamentablemente va a terminar logrando que esa causa se vaya de La Plata a Comodoro Py, y ya sabemos cómo continúa esto.

—¿Usted ubica ahí el núcleo de la cuestión? ¿En Comodoro Py?

—En realidad el núcleo de la ­cuestión está en Talcahuano 550, donde está la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y a partir de allí, en un sector de la Justicia ­federal específicamente, funciona una banda, una organización ­criminal integrada, entre otros, por Carlos Stornelli. No son muchos, pero es grande su poder. Insisto, son la gente que le está garantizando la impunidad a la organización criminal que lidera Mauricio Macri.

—¿Qué hay que hacer al respecto, desde su punto de vista?

—Como primera medida, aclarar que no se está haciendo absolutamente nada. El proyecto de ley que se envió en su momento, y que ya perdió estado parlamentario, no era ninguna reforma judicial profunda. Yo lo apoyé, porque son medidas útiles, pero están muy lejos de constituir una reforma judicial profunda, que debe incluir necesariamente un análisis del Poder Judicial como institución. Eso, hacerlo desde adentro es imposible. Quien afirme que puede haber una autodepuración de la Justicia no tiene idea de lo que está diciendo, porque ninguna institución se autodepura. En segundo lugar, el nivel de profundidad institucional que tiene el sector corrupto, no en número sino en poder real, requiere una reforma muy profunda que implicaría, por ejemplo, una actividad judicial de denuncia de distintos niveles que no se está llevando adelante. Y es un círculo vicioso, porque denunciar al sector corrupto y que la denuncia vaya a parar al mismo sector corrupto ya cae en la tragicomedia. Habría que hacer un estudio muy serio, que no se está haciendo precisamente porque los sectores de poder real que lo integran son conservadores y reaccionarios. Yo lo planteé en 1994. Para entonces un sociólogo francés, René Lourau, había establecido un modelo teórico para el análisis no de la Justicia, sino de todas las instituciones. Tuvo poco éxito en su aplicación: luego de décadas de trabajo, apenas se ingresó en el análisis de unas pocas instituciones muy pequeñas. La dificultad está precisamente en el carácter conservador de estas instituciones, que no tienen ganas de que las analicen.

—Estamos hablando de depuración de la Justicia. ¿Esto tiene que ver con el reclamo de democratización, que también se viene haciendo en los últimos tiempos?

—Va de la mano. Hubo un proyecto que para mí fue muy interesante, que presentó Cristina Fernández de Kirchner y que luego fue ley, por el cual los miembros del Consejo de la Magistratura iban a ser elegidos por el voto popular, cosa que a mi entender era fundamental. Esa ley, no tan curiosamente, fue aprobada por diputados y senadores, fue promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional y finalmente, en tiempo yo diría récord, fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema. Creo que esto sintetiza lo que estoy plantean­do. Ahí es donde está el problema.