De las 750 personas detenidas por crímenes de lesa humanidad, solo 185 cumplen sus condenas en la cárcel. Hay 20 juicios en curso, mientras que otras 64 causas aguardan llegar a esa instancia. Etchecolatz es uno de los recientemente beneficiados con la prisión domiciliaria. El Gobierno procura revertir la situación.
19/06/2022 - 00:00hs
De las 750 personas condenadas en nuestro país en juicios por violaciones a los derechos humanos durante la última Dictadura cívico-militar, solamente un cuarto está purgando esas condenas en la cárcel, mientras que el resto goza del beneficio de la prisión domiciliaria, reveló un informe oficial.
El dato surge de un análisis realizado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, creada en 2013 para tomar la posta de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado. La Procuraduría, que difunde trimestralmente un informe de situación, detalló esta vez que 565 de los 750 genocidas, represores y colaboradores condenados por su participación en delitos aberrantes como secuestros y torturas no se encuentran en prisión, sino en sus casas.
El dato se conoció poco después de que al jefe de Inteligencia de la Policía Bonaerense durante la Dictadura, Miguel Etchecolatz, se le otorgara la domiciliaria en una de las diez causas en que fue sentenciado.
El trabajo de la Procuraduría se basa en las estadísticas relativas a las investigaciones y juicios por crímenes de lesa humanidad que se tramitan en nuestro país desde el año 2006. Hay una veintena de juicios en curso y otras 64 causas judiciales que aguardan llegar a esa instancia.
El tiempo juega en contra
Un análisis de la agencia Andar, de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), da cuenta de que desde 2015 a esta parte son más los genocidas que gozan del arresto domiciliario que los que se encuentran tras las rejas, “una ecuación que se consolida y amplía en favor” de los represores condenados, ya que son cada vez más los que acceden a esa modalidad debido a su edad avanzada.
El caso de Etchecolatz es quizás el más sonado por ser una figura multicondenada: se le dictaron sentencias de prisión perpetua en diez juicios diferentes. La semana pasada, la Cámara de Casación Penal le otorgó la posibilidad de cumplir su condena en forma domiciliaria en una de estas causas; pero igual deberá seguir tras las rejas por las otras nueve sentencias en su contra. Sin embargo, nada impide que el mismo argumento utilizado en este caso sea aplicado también por los tribunales que intervienen en los otros nueve expedientes, advirtió la agencia.
Ocurre que Etchecolatz tiene 93 años y, en principio, califica para que se le conceda ese beneficio, a pesar de la gravedad de los crímenes de los que se lo halló culpable.
Para la CPM, “el contexto general es de franco retroceso en materia de justicia”, ya que la proporción de represores que gozan del beneficio mencionado es cada vez mayor. De las personas condenadas por delitos de lesa humanidad, en 2015 había 439 con arresto domiciliario y 603 en cárceles federales, mientras que ahora hay solo 118 en establecimientos penitenciarios, 67 en otras dependencias y 565 se encuentran en sus casas, según el informe de la Procuraduría.
“El mismo deterioro muestran las estadísticas que comparan a las personas investigadas en causas por delitos de lesa humanidad que se encuentran detenidas o libres: mientras que en 2015 había 1.070 personas detenidas y 791 en libertad, hoy esa relación está invertida: 750 personas detenidas y 1.492 en libertad”, explicó Andar
Por eso, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, se reunió con los jueces Alejandro Slokar, Mariano Borinsky y Ana María Figueroa, del Tribunal de Casación Penal, para analizar mecanismos que permitan agilizar los juicios y para que “se evalúen correctamente los casos de otorgamiento de la prisión domiciliaria”. De esta manera, se espera que la situación pueda revertirse y la proporción de genocidas tras las rejas pase a ser mayoritaria.