Abarca volvió a presentar su proyecto para estatizar la VTV

La primera vez fue durante la administración del actual ministro de Desarrollo Productivo de la Nación al frente de la provincia de Buenos Aires. Con Daniel Scioli en el sillón de Rocha, su proyecto tuvo destino de archivo.

En la segunda ocasión, su bancada era opositora y la actual diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “orgullosamente bonaerense”, María Eugenia Vidal, dirigía los destinos de la Provincia. En esa oportunidad, el resultado fue el mismo: la iniciativa resultó cajoneada nuevamente.

En esta tercera parte, ocupando una banca por el oficialismo nuevamente, se renovaron las intenciones de estatizar las plantas de la Verificación Técnica Vehicular y un nuevo texto bajó a las comisiones de estudio con frescos ánimos para llegar al recinto.

El insistente diputado que una vez más promueve el pase de las plantas de VTV de manos privadas a administraciones estatales es

Walter Abarca, representante de la Sexta Sección Electoral y oriundo de Saladillo, quien, según indicó, sufre la incomodidad de tener que hacer un viaje de 85 kilómetros hasta la vecina localidad de Lobos para obtener el visto bueno de la planta verificadora y tener su coche en regla.

De todos modos, la razón por la que el proyecto tomó estado público nuevamente es que el 31 de enero pasado la concesión obtuvo una extensión de seis meses para seguir operando, plazo que se cumplirá el próximo 31 de julio.

Los considerandos del articulado presentado por Abarca con la intención de convertirse en ley indican que, de lo recaudado, el reparto dejaría en manos de los intendentes el 40%, mientras que el resto iría a las arcas de la Provincia: una especie de mecanismo coparticipativo pero al revés.

“Queremos que el 60% de los recursos vayan a la Provincia y el 40% quede para los municipios. Con el 60%, nosotros, los legisladores, proponemos generar un fondo fiduciario para crear nuevas rutas o reparar caminos en la provincia de Buenos Aires”, indicó Abarca, quien se refirió a la cuota comunal al sostener que “ese 40% primero tiene que cubrir los ­costos del servicio y luego fortalecer las arcas municipales”.

Actualmente, el Estado provincial recibe un canon de 500 millones de pesos por un negocio que oscila entre 12.000 y 15.000 millones según estiman, por lo que el legislador indicó que sería un beneficio mutuo para el Estado provincial y los municipales.

Desde calle 6 aún no se encuentran en condiciones de asumir el riesgo, por lo que quizás una nueva prórroga esté en puerta, cuestión que Abarca quiere evitar con el tránsito rápido del proyecto por los recintos de avenidas 53 y 51.

Sobre esta posibilidad, el autor de la iniciativa indicó que “está vencida la concesión, ya lleva seis prórrogas y hace poco el ministro de Transporte otorgó otra por seis meses, pero me confirmó que será la última”.

En ese marco, y con lo recaudado, cada municipio tendrá autonomía para realizar las obras que considere y la Provincia podrá llevar a cabo las que excedan la jurisdicción de los distritos.

Los detalles

El escrito presentado propone incorporar a la normativa que regula la VTV (ley

número 13.927) el artículo 17 bis, que sostiene los siguientes puntos:

◉ La Provincia asumirá la prestación del servicio público de Verificación Técnica Vehicular en toda la provincia de Buenos Aires.

◉ La autoridad de aplicación establecerá los procedimientos de la VTV que serán ­uniformes en toda la Provincia y el canon que se cobrará al usuario, junto con los requisitos que ­deberán cumplir todos los talleres de ­verificación.

◉ Los municipios celebrarán convenios con la Provincia para explotar conjuntamente en el ámbito de su jurisdicción la VTV.

Por otro lado, el proyecto también incluye agregar el artículo 17 tercero a la norma ­mencionada, que propone las siguientes ­medidas:

◉ Se crea el Fondo de Desarrollo Vial, integrado por las utilidades producidas por la prestación del servicio de VTV.

◉ El 60% corresponderá a la Provincia y el 40% corresponderá a los municipios. El destino de esos recursos sería mantenimiento, reparación y pavimentación de rutas y caminos en la provincia de Buenos Aires.

Abarca remarcó que las ganancias que se llevan las empresas bien podrían engrosar las arcas estatales, ya que quienes hoy poseen la concesión del servicio “tienen una ­infraestructura de ocho plantas fijas más algunas móviles y con escasa inversión para mejorarla”.

Quedan 40 días para que la concesión se termine y, en ese tiempo, los recintos de bancas azules y carmesí deberán decidir si darle curso al proyecto o cajonearlo una vez más.