Triste final para las autoridades ilegales del Soeme: impidieron el acceso del interventor

Recordemos que en mayo último, la Cámara del Trabajo había desplazado a Adrián De Marco y el resto de las autoridades que de forma ilegal habían tomado las riendas del Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y la Minoridad (Soeme), tras las elecciones ilegalmente realizadas en agosto de 2019.

La Justicia Nacional del Trabajo, puntualmente los camaristas María Dora González y Víctor A. Pesino, habían dado de esta manera la estocada final a la intentona golpista sindical, encabezada por el juez federal Ernesto Kreplak, quien excediendo su jurisdicción, había llamado a esos comicios realizando un verdadero atropello a la libertad e independencia sindical.

En la misma decisión, la Cámara designó interventor de la entidad al doctor Julio Simón, quien durante el mediodía del viernes finalmente se presentó para asumir su cargo al frente del sindicato. En ese momento, y tal vez como una última acción desesperada por parte de quienes intentaron tomar para sí el sindicato, un puñado de seguidores de Adrián De Marco impidió que Simón pudiera ingresar al edificio de sede central del gremio ubicada en la calle Salta al 500, en la ciudad de Buenos Aires.

Después de que la escribana, también presente en el lugar, labrara un acta dejando constancia de los hechos, y de que De Marco se negara a la entrega de la documentación requerida por el oficio judicial, las nuevas autoridades se retiraron del lugar con el propósito de evitar que se concretaran las amenazas de agresiones y actitudes violentas impulsadas por los seguidores de De Marco.

Además de Simón y de las autoridades policiales, tampoco pudo ingresar al edificio sindical el representante del Ministerio de Trabajo de la Nación, quien formó parte de la comitiva que tenía como propósito iniciar el proceso de normalización del gremio.

A partir de estos hechos, la Justicia deberá decidir cuáles son las medidas que se deberán adoptar para que puedan asumir las autoridades legalmente impuestas a partir de la intervención, y evaluar la conducta de De Marco, quien otra vez actuó por fuera de la ley, y se resistió a una orden emitida por la Justicia.