Por Alejandro Belfer, Abogado
Fecha de vencimiento para la ilegitimidad en el Soeme: datos y opiniones
La Justicia determinó que el próximo 12 de junio las autoridades ilegales del Soeme deben dejar sus cargos y entregar toda la información necesaria al interventor.
Los fríos y crudos datos muestran que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, con la firma de los doctores María Dora González y Víctor Arturo Pesino, le puso fecha de vencimiento a la gestión de Adrián De Marco y sus cómplices al frente del Soeme.
Los jueces designaron el día 12 de junio próximo como la fecha en la que el propio De Marco debe entregar al interventor las llaves del Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y la Minoridad (Soeme), junto con el saldo de caja chica, las libretas de cheques, libros de la organización, contratos, cédulas y llaves de vehículos y teléfonos celulares asignados a las personas suspendidas en sus cargos. En otras palabras, la Justicia le puso fecha al desalojo.
Pero antes, en un escueto plazo de tres días, deberán aportar un sinfín de datos e informes vinculados con la vida del sindicato, tales como los números e identificación de la totalidad de las cuentas bancarias que se encuentren abiertas a nombre del Soeme desde el inicio de su gestión, detalle de los actuales responsables jerárquicos de la entidad, indicando nombre completo, domicilio, teléfono y correo electrónico de contacto, y discriminando si se trata de empleados en relación de dependencia, locadores de servicios o de colaboradores gremiales.
En particular, se deberá informar quiénes cumplen esas funciones en las áreas de personal y recursos humanos, contable, administración, legal, gremial y delegaciones del país.
También se deberá brindar un detalle de cheques u otros documentos emitidos por la entidad a partir del 29 de noviembre de 2019 y detalle de poderes vigentes otorgados, como así también listado de las obligaciones pendientes de pago.
Los magistrados, previendo algún atisbo de rebeldía por parte del desplazado De Marco, le hicieron saber que si fuera persona de riesgo vinculada a la situación de pandemia, deberá informar quién concurrirá en su lugar y que en caso de incumplimiento será denunciado por los propios jueces por el delito de desobediencia.
Las opiniones nos llevan a pensar y afirmar que la intentona golpista, llevada a cabo al amparo de pronunciamientos trasnochados, ha llegado a su fin. La cantidad y variedad de información requerida por la Justicia, además del desplazamiento de las personas suspendidas, da comienzo a la era de la rendición de cuentas.
La Justicia Nacional del Trabajo, única con competencia para entender en la vida interna del sindicato, ha puesto las cosas en su lugar, resistiendo embates políticos y judiciales llevados adelante de modo incesante por el “justiciero” juez Ernesto Kreplak.