Un negociado que pagamos todos

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Los K buscan meter mano en el mercado de las telecomunicaciones. Especialistas advierten que el costo de la telefonía básica y de la TV por cable, que pagan los ciudadanos, podría aumentar notablemente. Otros aspectos nocivos del proyecto oficial

Cegado en su pelea por acallar voces y silenciar a los medios independientes, el kirchnerismo avanza en el Congreso con un proyecto de Telecomunicaciones buscando meter mano en ese mercado y declarar de “interés público” el desarrollo de tecnologías de la información con acceso a las redes.

Los objetivos del oficialismo, una vez más, subyacen a lo que el gobierno dice públicamente. Por eso, cuando se analiza la letra fina del proyecto oficial, se ve que perjudica el bolsillo de los argentinos, dándole más poder a intereses económicos monopólicos que terminarán siendo muy dañinos para los ciudadanos.

La telefonía es un fantástico negocio para pocos que involucra a multinacionales amigas del poder K. Al revés de lo que pregona el gobierno, que dice buscar a la comunicación como un derecho humano, el escenario muestra que desde las autoridades nacionales se trata a la comunicación como una mercancía. Diferentes sectores afirman que los perjuicios de lo que se viene son mayúsculos. “No sólo no se avanza en declarar servicio público la telefonía móvil, sino que le quita de esa condición a la telefonía básica, lo que permitiría a las empresas prestadoras a fijar precios, con lo que la telefonía básica aumentaría”, advirtió a Hoy el presidente de la Unión de Consumidores de Argentina, Fernando Blanco Muiño.

El representante de los consumidores aseguró que el proyecto K “restringe la competencia, consolida a los actuales jugadores dándoles más poder de mercado, crea un sistema en el cual las redes existentes pueden ser tomadas por nuevos jugadores, lo que significa que a quien tenga una red se le va a meter otro prestador vaya a saber a qué precio, y quien tiene la red va a dejar de invertir con lo cual la calidad del servicio a corto y mediano plazo podría ser pésimo”.

“Las telefónicas manejan la telefonía fija y móvil, además podrían brindar TV por cable y cobrarte lo que ellos quieran, cuando en la Ley de Medios se había previsto la incompatibilidad de tener una licencia de telefonía para poder tener a su vez producción de contenidos”, señaló Blanco Muiño. Queda claro la contradicción oficial, que derriba con una mano lo que escribió con la otra, en una muestra de doble discurso que hace que la credibilidad argentina en el mundo sea nula.

Al permitir a las telefónicas ingresar en el negocio de la TV, se les garantiza la continuidad del negocio de los celulares, donde han brindado un servicio paupérrimo, produciendo un desastre en un mercado atiborrado de consumo, con el minuto más caro del mundo y con un desarrollo de infraestructura mediocre.

Desesperado por conseguir dólares frescos, el gobierno ofrece a las telefónicas la ampliación de frecuencias 3G y 4G, obteniendo U$S 2.200 millones que buscan que ingresen para oxigenar un poco las alicaídas cuentas nacionales a de fin de año. El problema es que, durante la era K, el remedio siempre terminó siendo mucho peor que la enfermedad.

Una ley que es una estafa

La contradicción manifiesta entre el proyecto K de telecomunicaciones con la Ley de Medios sancionada en el 2009, deja abierto el debate dentro del propio oficialismo, donde muchos sectores critican esta iniciativa que viola flagrantemente varios de los puntos sancionados hace 5 años atrás.

Silvana Giúdici, titular de la Fundación Libertad de Expresión + Democracia (LED), aseveró a Hoy que la normativa oficial “es una estafa a toda la gente que los acompañó en la sanción de la Ley de Medios. Es una mentira cuando Sabbatella dice que la ley de medios no se modifica, porque el artículo 1 del proyecto deroga el artículo 27 inciso B de la ley”.

La exdiputada nacional señaló que “esta norma produce un impacto al mediano plazo, cuando las empresas telefónicas hayan absorbido a la competencia y ya no haya un mercado neutro en materia de cable e internet, sino que sean las compañías más grandes las que impongan las condiciones, con el aumento de precios que eso significaría”.

“No imaginamos condiciones parejas para todos, cuando se ha hecho lo que se hace con la Ley de Medios, que se aplicó de una manera para los amigos y de otra manera para aquellos que pensaban diferente a ellos. Una ley así, con tanto nivel de arbitrariedad, va a tener injerencia sobre las prestaciones de servicios”, subrayó Giudici.

Una norma a medida de los aplaudidores

Los beneficios que recibirían los amigos del poder oficial con una iniciativa como la que se empieza a discutir hoy en el Senado, son muy grandes, lo que trae aparejado enormes críticas opositoras.

Gerardo Milman, director por la oposición en el Afsca (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual), en diálogo con Hoy señala que “la norma del Ejecutivo le da absoluta discrecionalidad para aplicar la autoridad de aplicación, además de los parámetros y facultades, que hará que sea una ley para premiar a los amigos y a los aplaudidores de la Casa Rosada”.

Para el exlegislador del GEN, “por un tiempo se garantizarán precios bajos ante la oportunidad de ofrecer el triple play o el cuádruple play, lo que hará desaparecer la competencia que no va a tener la posibilidad de brindar ese servicio”.

Para Milman, los amigos oficiales “van a dar precios por debajo de los costos para ganar clientes y cooptar a todo el resto de la competencia, que va a servir para hacer desaparecer a los competidores y al final del camino podemos terminar con monopolios gigantescos”.

Resultados lastimosos para la sociedad la que tendrá una ley como la que plantea el kirchnerismo, que servirá para premiar el capitalismo de amigos, y perjudicar a los argentinos con consecuencias aún impredecibles.