“Me encontré con un desorden generalizado”
Caamaño se refirió a los documentos sobre el espionaje a las familias de las víctimas del submarino ARA San Juan y dijo que “se olvidaron de destrozarlos o destruirlos”.
Para los expertos, el Estado pagó en base a los costos de referencia del mercado. En esta causa se había hecho una pericia falsa que llevó a encarcelar a Julio De Vido.
19/12/2021 - 00:00hs
Ocho expertos en peritaje contable e ingeniería concluyeron que el Estado nacional no pagó precios más altos de lo previsto en la compra de Gas Natural Licuado (GNL) entre 2008 y 2012, es decir, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, y donde el principal apuntado por las supuestas irregularidades era el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido.
La causa fue iniciada en 2014 por iniciativa de los entonces legisladores del PRO, Laura Alonso, Federico Pinedo y Patricia Bullrich. La misma fue utilizada por el fiscal
Carlos Stornelli y el ya fallecido juez Claudio Bonadio en contra de la entonces presidenta. Un primer peritaje, realizado después de 2012, demostró que el gobierno no había pagado millones de dólares de más por el gas licuado, lo cual dejó al descubierto que se trató de una operación mediática y política.
En las últimas horas, un nuevo informe llegó a la misma conclusión. “En el presente estudio pericial se ha establecido que (la empresa estatal) Enarsa compró GNL durante el período bajo análisis (años 2008 a 2012, ambos inclusive) en un mercado caracterizado como spot”, señalaron los expertos. Los mismos aclararon que se trata de una especie de mercado en el cual se realizan transacciones con duraciones menores a cuatro años.
“En virtud del análisis efectuado a lo largo de la presente pericia, se ha determinado que el mercado spot es un mercado de oportunidad y arbitraje entre los mercados del Atlántico y del Pacífico; y según predomine la oferta o la demanda de GNL en el mercado mundial, el precio del mercado spot tiende a oscilar entre el piso, representado por el mercado del Atlántico, y el valor superior determinado por el mercado del Pacífico”, explicaron los peritos.
En este sentido, los contadores e ingenieros tomaron “como referencia para la presente pericia entre enero de 2008 y junio de 2010 el precio medio representativo del mercado spot que corresponde al precio del mercado europeo, y que a partir de junio de 2010 está determinado por el indicador JKM (Japón, Corea y Marker)”.
“Respecto de los embarques de GNL comprados por Enarsa en el período 2008-2012, se concluye que los precios abonados por Enarsa siguen la evolución de los precios del mercado spot en el período considerado; ninguno de los embarques supera el rango de variación de los precios del mercado spot”, señalaron. Es decir que el Estado abonó el mismo precio que los demás países en la adquisición del combustible en el mercado internacional.
En este marco, los peritos enfatizaron: “En virtud de lo analizado y expuesto en la presente, se concluye y establece en definitiva que los precios abonados por Enarsa por los cargamentos de GNL adquiridos en el período determinado (años 2008 a 2012, ambos incluidos) se corresponden con los valores de mercado”.
Pericia falsa
Las compras del gas licuado fueron realizadas por el gobierno a través de Enarsa para cubrir la brecha entre oferta y demanda durante el período invernal en Argentina. Después de la adquisición del combustible comenzó una operación para perjudicar a Julio De Vido y Roberto Baratta, por entonces funcionarios del Ministerio de Planificación, acusándolos de “defraudación en contra de la administración pública”.
La investigación de Stornelli se basó, principalmente, en la pericia falsa de David Cohen para detener a De Vido. Con el tiempo, la operación política y mediática quedó al descubierto cuando se demostró que Cohen había insertado “declaraciones, datos falsos” y hasta citas sacadas de la página web Rincón del Vago.
A principios de 2020, Cohen fue enviado a juicio oral por “falso testimonio agravado”, ya que “presentó un informe pericial falaz con contenido espurio en sus considerandos y conclusiones, no cumpliendo con el rol legal que le fuera atribuido y por el que debía velar a sabiendas de sus falsedades”, según el juez federal Sebastián Ramos.