En momentos en que el Gobierno argentino pone la lupa sobre la evasión impositiva y la fuga de capitales, un grupo de referentes liberales hizo el ridículo pidiéndole a los Estados Unidos que no entregue información sobre cuentas bancarias de evasores. Un cero en institucionalidad para quienes pretenden representar a la gente.
10/12/2022 - 00:07hs
Cualquier acuerdo que un gobierno firme con los Estados Unidos merece ser considerado con saludable desconfianza, pero el anunciado convenio entre la Argentina y el país del norte para compartir información sobre los activos de argentinos en el exterior es una medida positiva que apunta a combatir la evasión fiscal, y que va en línea con otras ideas del mismo tenor, como la de alivianar los términos del secreto bancario, a la que diario Hoy hacía extensa referencia en su edición del 8 de mayo.
Llama la atención, o no tanto, que hayan sido justamente representantes del espectro libertario, el más afín a los Estados Unidos que se consigue por nuestras tierras, quienes pusieron el grito en el cielo, al punto de enviarle una carta a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, pidiéndole que no suscriba ese acuerdo. El líder de Avanza Libertad, José Luis Espert, y el economista liberal Roberto Cachanosky, están entre los firmantes de esa misiva payasesca. Vehiculizada a través de The 1841 Foundation, y firmada también por el senador Pablo Torello, el exlegislador Luis Patiño y otras “joyitas” del ámbito libertario como Manuel Adorni, Gustavo Lazzari y varios más, la carta expresa “preocupación por el hecho de que Estados Unidos pueda estar compartiendo con las autoridades de la Argentina las finanzas privadas de personas con depósitos bancarios en el país”.
Dicho en criollo: a los firmantes de la carta les preocupa que, a partir de la información brindada por el gobierno norteamericano, el Estado argentino pueda descubrir maniobras de evasión impositiva. Básicamente, depósitos y bienes no declarados en el país, sobre los cuales no se pagan tributos exigidos por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Repatriando verdes
El gobierno calcula que hay por lo menos 100.000 millones de dólares de argentinos fuera del país (y, hasta ahora, del alcance de la AFIP). El Acuerdo Intergubernamental suscripto por el ministro de Economía, Sergio Massa, y el embajador estadounidense en la Argentina, Marc Stanley, apunta a “repatriar” esos dólares, o al menos parte de ellos.
La desconfianza de los libertarios respecto de todo lo que tenga que ver con el Estado es bien conocida. También la noción, muy meneada por referentes como Javier Milei (que no figura entre los firmantes de la vergonzosa nota enviada a Yellen), de que cualquier impuesto constituye, de por sí, un robo, un asalto al patrimonio individual. Por eso, extraoficialmente (y a veces también oficialmente), los libertarios promueven la rebeldía fiscal y el ocultamiento del propio patrimonio, para ponerlo a salvo de un Estado al que aplican adjetivos como “ladrón”, “corrupto” y otras lindezas.
En lo que constituye quizás el tramo más risible de su altamente risible texto, los libertarios que se oponen al intercambio de información financiera entre la Argentina y los Estados Unidos acusan al titular de la AFIP, Carlos Castagneto, de ser “un activista político divisivo”, y le recomiendan a Yellen que recorra los perfiles del funcionario recaudador en las diferentes redes sociales.
El caso de Susana
No hace mucho, la diva de la televisión Susana Giménez optó por mudarse a Uruguay, poco después de negarse a presentar su declaración jurada correspondiente al año 2019. Antes se había opuesto a pagar el impuesto a los bienes personales porque consideraba que la reforma del tributo era “confiscatoria”. Se convirtió así en una de las promotoras de la mencionada rebeldía fiscal. No hay muchos casos parecidos; en general, quienes tienen grandes patrimonios optan por quedarse en el país, pero sacar su dinero afuera, y no avisarle a nadie. O por lo menos al Estado.
La AFIP denunció penalmente este año a Giménez por una deuda de unos 50 millones de pesos, que podrían ascender a más de 300 millones por multas e intereses punitorios. Con montos tan elevados, hasta podría ir presa.
¿Y el secreto bancario?
En tanto, las autoridades buscan también limitar el secreto bancario, una institución que viene de antiguo y que se fundamenta en la protección de la intimidad, pero que también tiene un lado oscuro: facilita enormemente la evasión impositiva y la fuga de divisas.
La legislación argentina incluye el secreto bancario en la Ley de Entidades Financieras, heredera de legislaciones de otros países que protegen en mayor o menor grado la reserva sobre los activos de los ciudadanos. Sin embargo, muchos países, con el propio Estados Unidos a la cabeza, han avanzado en las últimas décadas con medidas que relativizan esta noción, y que apuntan a combatir el lavado de dinero, la evasión fiscal y otros delitos que se cometen bajo el paraguas del secreto.
Tal como lo señalaba este diario en mayo, hasta Suiza, el país que podría considerarse la capital del secreto bancario, debió ceder ante la embestida de la nueva tendencia en pos de la transparencia financiera. Ocurrió hace 13 años, en 2009, cuando un banco suizo debió entregar información al Internal Revenue Service (IRS), algo así como la AFIP estadounidense, sobre fondos de ciudadanos norteamericanos que llegaban a la friolera de 14.800 millones de dólares.
Los tiempos están cambiando, y los libertarios, que permanentemente hacen alarde de su supuesta modernidad, han quedado una vez más en ridículo y a contramano de la historia.