Universidades en paro por salarios y financiamiento

Los gremios reclaman la aplicación de la Ley de Financiamiento y denuncian aumentos insuficientes del Gobierno.

Los sindicatos de docentes universitarios de todo el país confirmaron un paro nacional para la semana del 30 de marzo al 1º de abril. La medida busca exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada dos veces por el Congreso y respaldada por un fallo judicial, que el Gobierno aún no cumple. La Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD UBA) también convocó a clases públicas como forma de visibilizar el conflicto.

La norma sancionada en 2025 establece una recomposición salarial del 55,4% para el personal de las universidades, retroactiva a octubre de 2023. Sin embargo, el Ejecutivo dispuso aumentos unilaterales de 2,5% en enero, 2,2% en febrero y 2% en marzo, sin abrir paritarias nacionales desde hace dos años. Para los gremios, estas cifras resultan insuficientes frente a la inflación acumulada y la pérdida del poder adquisitivo.

Reclamos y medidas de fuerza

Ante este escenario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) declaró la emergencia salarial y presupuestaria del sistema universitario y científico. En un comunicado exigió la inmediata convocatoria a paritarias y el cumplimiento de la ley de financiamiento. Los gremios remarcaron que la falta de respuesta oficial los obliga a sostener las medidas de fuerza.

Por su parte, las federaciones docentes reiteraron que no volverán a las aulas hasta que se garantice la recomposición salarial. “Defendemos nuestro salario y la universidad pública”, expresaron en redes sociales. La protesta se extenderá a facultades y colegios dependientes de las universidades nacionales, con actividades abiertas para la comunidad.

La situación salarial

El último informe de AGD UBA expone la magnitud del problema. Un ayudante de primera con dedicación simple, equivalente a diez horas semanales, percibe un salario neto de 228.095 pesos. Incluso quienes trabajan la máxima carga horaria posible, unas cincuenta horas semanales, no alcanzan a superar la línea de pobreza, fijada por el Indec en 1.397.672 pesos.

La brecha entre los ingresos docentes y el costo de vida refleja el deterioro del sistema universitario. Los gremios advierten que sin una solución inmediata peligra la continuidad de las actividades académicas y científicas. La medida de fuerza se presenta como un nuevo capítulo en un conflicto que podría profundizarse si el gobierno no modifica su postura

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