Está dirigido a todas aquellas personas que integran los tres poderes del Estado.
El diputado nacional Eduardo Valdés (Frente de Todos) presentó hoy un proyecto de ley que propone capacitar contra el odio a todas aquellas personas que se desempeñan en los tres poderes del Estado.
"El presente proyecto tiene como
objetivo establecer la capacitación obligatoria, periódica y permanente en la
temática contra el odio, para todas las personas que se desempeñen en la
función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial de la Nación", afirma el texto.
La finalidad es "realizar acciones positivas para erradicar el odio y permitir una convivencia
más sana entre quienes habitamos el suelo argentino", detalla.
"Las expresiones de odio contra una persona o grupo en base a su raza, religión, nacionalidad, género, orientación sexual o ideología política están muy presentes en la actualidad. Esta capacitación tiene como sentido erradicar, al menos desde el lenguaje del Estado, el odio", sostuvo Valdés.
En esa línea, el texto del proyecto aclara que "si bien se podría sostener que
los discursos de odio colisionan con el derecho a la libertad de expresión,
esto es absolutamente falso. En el ámbito del derecho regional, el artículo 13
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevé un amplio grado de
libertad de expresión. Sin embargo, el derecho no es absoluto".
También recalca que "la Convención
Americana –como otros pactos internacionales y regionales– declara que las
expresiones de odio quedan al margen de la protección del artículo 13. En su 5°
párrafo se establece que estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de
la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan
incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra
cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de
raza, color, religión, idioma u origen nacional”.
En el ámbito internacional,
la reglamentación es similar. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos en su artículo 20 incluso va más allá de la violencia: prohíbe
expresiones de odio cuando constituyan una incitación a “la discriminación, la
hostilidad o la violencia”.
Por su parte, el “Informe: discurso de odio”
elaborado en diciembre de 2020 por el Instituto Nacional contra la
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, señala que el discurso de odio se genera
y propaga principalmente a través de tres canales que se retroalimentan entre
sí; a saber: los medios de comunicación, Internet y el espacio público.
"Fomentadores de odio hay en todos lados. Tenemos que capacitarnos contra
el odio que se nos quiere imponer. Los discursos de odio son una amenaza a los
Derechos Humanos. Como Estado no podemos permitir que sigan vigentes y, como
creemos que la capacitación y la educación es el primer paso para modificar la
realidad, es que solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto", señaló Valdés en el texto de la iniciativa.