Desde el Frente de Todos presentan un proyecto de ley “antiodio” para capacitar a los tres poderes del Estado

Tras la misa en Luján “por la paz y la fraternidad”, desde el bloque del Frente de Todos presentarán hoy en la Cámara de Diputados un proyecto de ley “antiodio”, que prevé la capacitación de los empleados y empleadas de los tres poderes del Estado.

La iniciativa contempla que “accionar contra los discursos del odio podría ser considerado por algunos sectores como un recorte de la libertad de expresión”, pero aclara que este derecho “no es ­absoluto”, tal como lo establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El Presidente Alberto Fernández avala este proyecto, pero tiene ­también otro en estudio para modificar el Código Penal y agravar la condena para delitos contra el orden constitucional.

El autor del proyecto es el diputado Eduardo Valdés, quien este sábado acompañó (de ida y de vuelta) al Presidente desde Olivos hasta la Basílica de Luján. Luego del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, Valdés había planteado la necesidad de generar algo así como una “ley Micaela” para los discursos del odio y la violencia política.

Desde la oposición y los medios afines salieron inmediatamente a calificarla como “ley mordaza” e incluso la portavoz Gabriela Cerruti descartó que pudiera proponerse algo en esa dirección. Sin embargo, la denominada ley de “capacitación obligatoria contra el odio para todas las personas que integran los tres poderes del Estado” no contiene especificaciones referidas a los medios de comunicación, ni tampoco ningún aspecto punitivo.

Se trata de 13 artículos que establecen la capacitación obligatoria, periódica y permanente en la temática contra el odio para todos los trabajadores de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a través de una autoridad de aplicación que deja a criterio del Ejecutivo.

Quienes se nieguen a cumplir la capacitación serán objeto de una sanción disciplinaria y de la posibilidad de que se haga pública esa negativa en la web. El proyecto invita a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adoptar una normativa similar. “Las expresiones de odio contra una persona o grupo en base a su raza, religión, nacionalidad, género, orientación sexual, discapacidad, ideología política u otra característica grupal están muy presentes en la actualidad”, se aclara en los fundamentos de la propuesta.

Para los que interpretan que podría significar una limitación a la libertad de expresión, subraya que la Convención Americana sobre Derechos Humanos marca que “estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas”.

También remarca que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prohíbe expresiones de odio cuando incitan a la discriminación, la hostilidad y la violencia.

Valdés le mostró este proyecto a Alberto Fernández, quien le dio su consentimiento. Por su parte, en virtud de los últimos sucesos, el Presidente tiene en estudio la posibilidad de reformar el Código Penal en el capítulo referido a la “defensa del orden constitucional y la vida democrática”, los artículos que van del 226 al 228, que básicamente penan a quienes busquen alzarse en armas contra los poderes del Estado.