Vuelve a escalar el conflicto en el Garrahan

Los trabajadores presentaron una denuncia judicial ante la falta del pago de bonos. Desde el Gobierno nacional desmienten la situación.

Luego de la lucha que llevó adelante la comunidad del Hospital Garrahan el año pasado para lograr una recomposición salarial, la disputa contra el Gobierno nacional suma un nuevo capítulo. Es que los dirigentes gremiales exigen que los ingresos extraordinarios de la entidad pediátrica sean repartidos para los empleados, una versión que el oficialismo se encarga de rechazar con números en mano.

Desde los sindicatos señalaron que en el mes de mayo el Garrahan obtuvo un ingreso récord de 7 mil millones de pesos en concepto de prestaciones y obras sociales. Esos fondos deben ser repartido para los trabajadores, algo que no está sucediendo de acuerdo a lo que denunciaron. En consecuencia, presentaron una denuncia judicial.

Ante esto, la administración de Javier Milei salió a desmentirlo. Desde Casa Rosada expresaron que durante el año pasado el hospital otorgó bonos extraordinarios. Estas sumas adicionales tenían vigencia hasta diciembre. “Sin embargo, el hospital decidió mantener el piso de fondos destinados al personal generado a partir de esos bonos”, respondieron, según publicó la Agencia Noticias Argentinas.

De acuerdo a los números que brindó la gestión libertaria, la recaudación se distribuye un 65% al personal, lo que garantiza la continuidad de ese piso, y se destina el 35% restante al hospital.

Por otro lado, el oficialismo confirmó que en el quinto mes del año se alcanzó una cifra extraordinaria de 7.000 millones de pesos, pero añadió que se repartieron 4.000 millones entre el personal del hospital.

“El objetivo es continuar incrementando la recaudación para volver a una distribución equilibrada de los fondos: 50% para el hospital y 50% para el personal asistencia”, sostuvieron las fuentes consultadas por la Agencia.

Desde fines de 2023, los sindicatos, tanto la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) como ATE Garrahan, encararon una pelea con la administración libertaria, con denuncias que alcanzaron instancias judiciales por ajustes salariales y despidos. Tras la ardua lucha, consiguieron un incremento salarial para el personal del 61%, lo que desactivó buena parte de los conflictos.

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