Advierten que la calidad del empleo se deterioró
Pese a una mejora en el mercado de trabajo durante el tercer trimestre, los puestos de trabajo creados fueron en su mayoría precarios.
Pese a una mejora en el mercado de trabajo durante el tercer trimestre, los puestos de trabajo creados fueron en su mayoría precarios.
La desregulación acelerada disparó las importaciones y dejó a la industria nacional en retroceso, con pérdida de empleo y producción en riesgo.
Según el último informe de Indec, la deuda trepó al 46,7% del PBI exponiendo los límites del programa económico oficial.
ATE confirmó la reunión y cuestionó la política salarial del Gobierno nacional.
El fallo dispone la aplicación inmediata de la norma que asegura la recomposición salarial y la actualización de becas estudiantiles.
El Ejecutivo recorta encuestas y esconde la fuga de dólares por turismo.
Mientras las finanzas y la minería impulsan el crecimiento de la economía, la industria continúa en caída.
"El Estado no te va a preguntar más adonde vas”, celebró Sturzenegger en sus redes.
La central obrera celebró la postergación del debate en el Senado y alertó que el proyecto oficial enfrenta objeciones constitucionales.
El oficialismo insiste en aprobar el Presupuesto 2026 sin cambios, pese a cuestionamientos por el impacto de la ley en los sectores más vulnerables.
Organismos de derechos humanos advierten que los cambios pondrían en riesgo la política de memoria.
El Gobierno nacional solo transfirió un monto simbólico a las casas de estudios para poder inflar el superávit fiscal.
En plena política de ajuste, el Presupuesto 2026 prevé millones para la residencia en Washington.
Tras dos años de ajuste libertario, el Estado quedó despojado de su función protectora, dejando a millones sin amparo ante la pérdida de derechos.
El índice retrocedió y expuso el agotamiento social en los sectores de menores ingresos.
La morosidad en préstamos personales y tarjetas es la más alta en 15 años.
La inversión extranjera abandonó el país y dejó el peor registro en dos décadas.
El Gobierno justificó la iniciativa como un ordenamiento de competencias provinciales, aunque la norma vigente establece la obligación de preservar las áreas como reservas estratégicas de agua.