La UNLP reclamó por la falta de investigación por la desaparición de López

A dos días de cumplirse ocho años de la desaparción de Jorge Julio López, la Universidad Nacional de La Plata reclamó la investigación del caso y acusó al aparato jurídico estatal por el estado de la causa

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) se pronunció hoy sobre la desaparición de Jorge Julio López, desparecido desde el 18 de septiembre de 2006, y ratificó su compromiso “en la lucha por el esclarecimiento de la desaparición”.

A través del Consejo Superior, la UNLP manifestó un duro rechazo a la falta de investigación por parte del Poder Judicial sobre los "actores" y "encubridores" del hecho, a dos días de cumplirse ocho años de la segunda desaparición forzada del testigo que brindó declaraciones claves en el juicio por el Circuito Camps, en el que comprometió contundentemente al represor Miguel Etchecolatz.

“La inexistencia de un progreso significativo en la investigación judicial vinculada a la desaparición de Jorge Julio López muestra un retroceso político e institucional de gran envergadura, en una sociedad que viene luchando incansablemente y que está logrando sancionar penalmente a los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado durante la dictadura cívico militar”, sostuvo máximo órgano de la UNLP en un comunicado. 

A su vez, consideró que la investigación judicial “no ha logrado encontrar y aportar huellas que expliquen lo sucedido, identificar a los responsables, a quienes instigaron este hecho, a quiénes lo encubrieron o formaron parte de ese pacto de silencio, entramando deliberadamente diversas complicidades”. 

“Lo desaparecieron impunemente como a tantos otros miles, y desde ese 18 de septiembre de 2006 la lucha por su aparición constituye una causa inclaudicable en pos de develar prácticas autoritarias que persisten y que conllevan las marcas propias del terror implantado por los procesos dictatoriales en nuestro país y en la región”, agregó la UNLP.

El Consejo Superior consideró que “la imposibilidad de identificar y sancionar a los responsables por esta desaparición forzosa, constituye un grave hecho de incumplimiento de una función esencial del aparato jurídico estatal”.