Preocupan las judicializaciones en la UNLP
El fenómeno empezó este año: ante desacuerdos con resoluciones del Consejo Superior, se recurre a la justicia, y la palabra de la Universidad queda en segundo plano
Ante la disidencia, la demanda. Esta es la tendencia del año en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), cuyos últimos conflictos estuvieron protagonizados por idas y venidas en la Justicia, que buscan esquivar las resoluciones del Consejo Superior. El último capítulo se lo lleva la eterna disputa entre el Rectorado y la Facultad de Medicina, que quedó envuelto en una intrincada maraña judicial.
Resolver “por afuera”
La UNLP se rige por las leyes nacionales y por un Estatuto propio, que establece una jerarquía de órganos de gobierno. En este contexto, lo que dice el Consejo Superior (CS), es “palabra santa” para todos los estamentos que están debajo (incluidos el presidente y los decanos, ya que por encima del CS sólo está la Asamblea Universitaria).
“El Consejo toma resoluciones y ordenanzas que son de cumplimiento obligatorio, no solo por parte de los decanos y los Consejos Directivos, sino también del presidente de la UNLP”, explicó a Hoy Patricio Lorente, prosecretario de la casa de estudios.
No obstante, este año ocurrieron una serie de hechos que terminaron en manos de abogados particulares.
Primero, fue un grupo de docentes K del Colegio Nacional, que hizo juicio a la universidad para contrariar a una resolución del Consejo sobre las votaciones de autoridades.
Luego, un vacío legal en el Estatuto puso al borde de la judicialización a las elecciones de decano en la Facultad de Ciencias Exactas que, de no haber iniciado una extensa negociación entre partes, hubiese sido imposible evitar.
En este panorama, el Estatuto quedó en el ojo de la tormenta, y ya hay voces que empiezan a pedir reformas para impedir que las demandas se transformen en moneda corriente.
El caso de Medicina
El caso ejemplar es el de Medicina, que por desoír las resoluciones del Rectorado, se le inició un juicio académico (que apunta contra el exdecano Jorge Martínez). Pero la Unidad Académica ya impugnó a la UNLP la conformación de la comisión instructora y del tribunal: “El estatuto dictamina claramente que la comisión de instrucción debe formarse en la Facultad, pero esto no se hizo”, señalaron a Hoy desde 60 y 120. La Universidad no se expidió todavía, y de seguir el juicio su curso, los abogados de Medicina podrían presentar un recurso federal, y nuevamente una decisión del CS quedaría empantanada.
Este último conflicto parte de una materia de último año, que por una orden ministerial del 2010, no se puede cursar si se adeudan finales. Cientos de alumnos interpusieron medidas cautelares para que la norma no sea retroactiva. La Universidad ordenó a través del CS acompañar el pedido estudiantil, pero Medicina no acató la resolución, aludiendo que el tema está definiéndose en la Corte Suprema de Justicia, y no actuará hasta que ésta se expida.