Diputados: avanza proyecto para sancionar a policías que abandonen sus funciones

Con el respaldo de oficialistas y opositores, la comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación avanzó este martes con el dictamen de mayoría del proyecto que sanciona a los policías que abandonan sus funciones.

De esta forma, el texto, que ya fue aprobado en la Cámara alta, quedó en condiciones de llegar al recinto, algo que podría suceder en la sesión prevista para este miércoles.

Según coincidieron legisladores tanto opositiores como oficialistas, el objetivo es enviar "un mensaje" a la sociedad y a las fuerzas de seguridad, para evitar que vuelvan a suceder episodios como los ocurridos el año pasado, cuando policías de todo el país iniciaron una huelga.

La iniciativa, reforma el Código Penal para evitar que los policías puedan concretar medidas de fuerza como hicieron a fines del año pasado cuando dejaron de cumplir su obligación de cuidar la seguridad de la población.

El proyecto reforma el Código Penal y establece multas y penas de prisión a cualquier miembro de seguridad que realice un paro o abandone sus tareas.

En ese sentido, la iniciativa determina que "será reprimido con multa de entre 750 y 12.500 pesos e inhabilitación especial de un mes a un año el funcionario público que sin habérsele admitido la renuncia de su destino, lo abandonare con daño del servicio público".

A lo largo del proyecto se fijan penas de prisión para los miembros de las fuerzas de seguridad nacional, agencia estatal armada, provinciales o de la Ciudad de Buenos Aires que "abandonen injustificadamente actos de servicio o maliciosamente omitieren la prestación regular de la función a la que se encuentra obligado". Esas conductas serán reprimidas con penas de prisión de entre uno y tres años e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena.

En caso que por esas acciones hubieran daños a bienes de la fuerza o de terceros, lesionados o muertes de miembros de la fuerzas de seguridad o de otras personas "se aplicará una pena de prisión de dos a ocho años e inhabilitación absoluta para desempeñar cargos públicos".

Por otro lado, la comisión de Legislación Penal debatió una iniciativa impulsada por el socialista Rubén Giustiniani de decomiso anticipado de los bienes provenientes de ilícitos como el narcotráfico y la trata de personas.

Este proyecto plantea modificaciones al Código Penal para permitir que en ese tipo de delitos el juez pueda disponer el decomiso de las “cosas o ganancias” que hayan “servido para cometer el hecho” o sean “producto” del mismo “antes del dictado de sentencia”.

Para esto sólo serán necesarios “indicios vehementes y suficientes” de que las “cosas o ganancias” tienen relación con la comisión de esos delitos.