A pesar de la polémica, el Gobierno aceptó la renuncia del juez Schiffrin

Con las firmas del Presidente Mauricio Macri y el ministro Germán Garavano, fue adoptada finalmente la resolución oficial. El caso abrió un nuevo debate en torno al límite en la edad jubilatoria de los magistrados

El Poder Ejecutivo Nacional formalizó ayer la salida del camarista platense Leopoldo Schiffrin, cuyo caso dio origen al fallo de la Corte Suprema de Justicia que a fin de marzo pasado validó el límite de 75 años de edad para el ejercicio de la función judicial, dejando al borde de la jubilación a más de veinte magistrados. 

La renuncia de Schiffrin fue aceptada mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial con las firmas del Presidente Mauricio Macri y del ministro de Justicia, Germán Garavano. El hecho fue motivo de polémica luego de que la diputada Elisa Carrió pidiera la continuidad en el cargo del magistrado, y también la de la jueza federal María Servini de Cubría.

Aun más, la propia Servini de Cubría había denunciado públicamente que el límite en la edad jubilatoria se trataba de una persecución en su contra por investigar causas en las que estaba involucrado el presidente del Máximo Tribunal, Ricardo Lorenzetti.

En tanto, la decisión de la Corte Suprema también reunió la opinión en contra de muchos abogados constitucionalistas y contradice el fallo que determinó la continuidad del fallecido magistrado Carlos Fayt, en 1999.

Con la salida de Schiffrin del Poder Judicial son 26 los jueces que se encuentran por encima del límite constitucional de 75 años de edad validado por el reciente fallo de la Corte Suprema. En este sentido, además de Schiffrin, otros dos magistrados mayores de ese límite etario decidieron dar un paso al costado presentando sus renuncias: Bernabé Chirinos, integrante de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social, y Pedro David, de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal. 

En tanto, hay cinco jueces mayores de 75 años que informaron al Consejo de la Magistratura que cuentan con fallos judiciales a favor para permanecer en sus cargos. El resto de los 19 letrados deberán contar el aval del Poder Ejecutivo y el acuerdo del Senado de la Nación para permanecer en sus puestos.

En caso de que los jueces no sean ratificados en sus cargos por los dos ámbitos institucionales, el Consejo de la Magistratura procederá automáticamente a su jubilación.