ABSA: una historia de vaciamiento, frivolidad y saqueo

Radiografía de los negociados que se tejieron en la empresa estatal durante la era Scioli y que continúan hasta hoy. Escándalos que involucran a funcionarios y amigos del poder como los responsables de una problemática que se profundiza

Los reclamos de los vecinos de Gonnet, Villa Castells y distintas zonas de La Plata contra ABSA, con denuncias que inundan los pasillos judiciales (ver páginas 3 y 4), vienen a clarificar una problemática palmaria, que se agrava y resulta imposible de digerir pero que no es novedosa, sino que, por el contrario, tiene una larga historia. 

Como ha informado diario Hoy, lo que las nuevas autoridades provinciales no corrigen se configura como un capítulo cúlmine en el proceso de vaciamiento iniciado en la em­presa durante el gobierno de Daniel Scioli. Esto ha derivado, incluso, en que distintos municipios bonaerenses decidieran abandonar la concesión de ABSA para integrarse a otra empresa estatal: AySA. 

Pero, ¿hacia dónde van las altas tarifas que pagan los usuarios, a quienes ni siquiera se les puede garantizar la potabilidad del agua que toman? 

“Está claro que para pagar los sueldos de los amigos del poder”, acusó una alta fuente gremial, con ejemplos inobjetables: “La poca presión, las calles inundadas por cañerías rotas, el mal olor, el sabor y el color marrón del agua que sale de las canillas alcanzan para deducir que a obras no van”.

Una empresa salpicada de escándalos

Tal como se ha publicado en este diario, la sociedad que pertenece al Estado bonaerense, creada en 2002 para prestar el servicio de agua y cloacas, tiene tercerizado su funcionamiento en dos empresas: las firmas 5 de Septiembre SA y Gral. Saneamiento SA, ambas relacionadas con el gremio Sosba, cuyo secretario general es Julio Castro, actual titular de la Federación de Gremios Estatales y particulares de la Provincia (Fegeppba), quien a su vez es amigo del polémico juez César Melazo. Esas compañías tienen contratos que se renuevan periódica y automáticamente, sin llamado a licitación, desde hace 14 años.

En el caso de 5 de Septiembre, cuyo titular es el mencionado Castro, se la acusa por un fraude con facturas truchas cometido a través de ABSA entre 2005 y 2007.

Por lado de Gral. Saneamiento, un dato por demás llamativo es que hasta el año 2000 uno de los integrantes del directorio era nada menos que el exministro de Trabajo bonaerense, Oscar Cuartango, que en aquel entonces integraba la Fundación de Estudios Sanitarista del Sosba. Posteriormente, en 2005, hizo su aparición en el directorio un personaje clave en los negocios vinculados con ABSA: el abogado Marcelo Salinas, exmarido de la vedette María Eugenia Ritó, a quien conoció -según reconoció ella-, como cliente de sus servicios sexuales.

Lo más grave es que, en tiempos en que ABSA comenzaba a evidenciar su colapso y falta de inversión, la mediática se paseaba por los programas del espectáculo para reclamar y revelar el millonario patrimonio de su ex: un barco y un departamento en Punta del Este, un piso en Miami, tres en Buenos Aires y autos de alta gama fueron algunos de los bienes que salieron a la luz durante el polémico divorcio. Para acallarla, Salinas le habría ofrecido un acuerdo por 850.000 dólares, cifra que la bailarina se negó a aceptar.

Más allá de los conflictos conyugales, Salinas también estuvo involucrado en el escándalo Mekorot, la empresa estatal israelí con la que, en tiempos de Scioli, se intentó avanzar con la polémica construcción de una planta potabilizadora en la localidad de Punta Lara y con un proceso de privatización del servicio.

En tanto, este año Salinas volvió a quedar en la mira de la Justicia por otro escándalo, destapado tras la detención del exsecretario de Obras Públicas K, José López, cuando el 14 de junio pasado intentó esconder bolsos con casi US$ 9 millones en un convento de General Rodríguez. Es que Salinas, a través de Gral. Saneamiento, estaría asociado con Grupo Farallón, cuyo titular, Eduardo Gutiérrez, es el dueño de la casa donde vivía López. Farallón y Gral. Saneamiento compartirían un contrato para la ampliación y reparación de cañerías en la zona norte de La Plata.

Pero, ¿quién ha sido el garante de todos estos negociados? El titular de ABSA durante los ocho años de la gestión anterior, Guillermo Scarcella, a quien la diputada nacional Elisa Carrió denunció como presunto testaferro de Scioli.

Política, espectáculos, ñoquis

A la presencia indirecta de María Eugenia Ritó en el entramado turbio de ABSA habría que agregar el nombre de una de sus grandes amigas: Moria Casán, quien durante el kirchnerismo habría sido contratada por la empresa estatal, según los resultados arrojados por una auditoría oficial a principios de este año. Esto no hace más que confirmar la íntima relación entre espectáculo y poder para saquear las arcas del Estado. Como en tiempos de Carlos Menem, pero matizado bajo los ropajes de pseudoprogresismo.  

Incumplimiento judicial

Mientras el agua corre turbia en los distritos de la Provincia (con exceso de sodio en algunos, arsénico en otros y dudosa potabilidad en todos), la empresa aún no cumplió con el fallo de la Justicia platense, que determinó que la prestataria debía devolver a los usuarios el dinero cobrado ilegalmente en 2012, a partir de un aumento tarifario del 180% por el cual la Corte Suprema de la Nación obligó a la Provincia a devolver unos $1.800 millones. 

En cambio, en mayo pasado aplicó un tarifazo de entre el 100% y 500% que, a juzgar por el nivel de inversión, sería con meros fines recaudatorios.

En este contexto, el exdiputado provincial y denunciante del tarifazo, Oscar Negrelli, afirmó que la ejecución del fallo de la Corte se encuentra “en la etapa de auditoría para saber cuánto hay que devolver y quiénes serían los beneficiarios”. 

Según fuentes consultadas por diario Hoy, del fallo se desprende que ABSA deberá devolver entre $1.500 y $3.000 a cada usuario.

En diciembre de 2014, otro revés judicial condenó a la empresa, cuando la Corte falló a favor de los vecinos de 9 de Julio, afectados por el alto contenido de arsénico en la red de agua potable y expuestos a lesiones cancerígenas.

Como en La Plata, se obligó a ABSA a suministrar bidones hasta tanto realizara las inversiones que no había hecho. Tras la medida judicial, los habitantes de otros distritos afectados por la alta presencia de arsénico en el agua iniciaron amparos colectivos. Así, los reclamos se multiplicaron en Bahía Blanca, Alberti, Bragado, Chivilcoy, Pehuajó, Rojas y Los Toldos, entre otras comunas.

Principales apuntados por la crisis hídrica

Guillermo Scarcella: presidente de ABSA durante la gestión de Scioli. Fue acusado de ser testaferro del exgobernador

Julio Castro: titular del Sosba y de la firma 5 de Septiembre, que tiene parte del control operativo de la empresa

Marcelo Salinas: exmarido de María Eugenia Ritó y titular de las firmas Gral. Saneamiento y Mako. También se lo vincula a una sociedad con Grupo Farallón, cuyo titular es el dueño de la casa donde vivía el exsecretario de Obras Públicas K, José López