Báez: entre allanamientos y sincericidios

Para defenderse, el empresario K le pidió a la Justicia que cite a los funcionarios que no lo controlaron para que él cometiera sus maniobras de lavado de dinero. La Cámara Federal lo citó para el lunes a una audiencia que él mismo pidió. En Santa Cruz, la Justicia ordenó operativos en una vivienda que le vendió Néstor Kirchner

Que el árbol Lázaro Báez tape la corrupción del frondoso bosque K es algo que ni el propio empresario -uno de los más beneficiados con la obra pública durante la década pasada- tolera. Quizá eso fue lo que deslizó ayer, cuando le pidió al juez federal Sebastián Casanello que investigue “a todos” los adjudicatarios de obras públicas en el país y a los “órganos del Estado” encargados de controlarlos, tal fue el caso de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que dirigía Ricardo Echegaray.

El titular de Austral Construcciones S.A., detenido desde el 5 de abril por lavado de dinero en el marco de la causa de la ruta del dinero K, planteó al magistrado que si su intención es “cuestionar las políticas de Estado y/o de control adoptadas por los últimos gobiernos” tenga en cuenta que “los actores principales” son los funcionarios públicos “sobre quienes reposaba el deber de control”.

Así, pretendiendo declararse “inocente”, intentando justificar los cinco millones de dólares contabilizados en La Rosadita, rechazando cualquier vinculación con la usina de facturas truchas de Bahía Blanca (citando, incluso, argumentos del inefable Echegaray), Báez niega su responsabilidad en cualquier delito precedente para montar una operación de lavado de dinero e involucra a organismos del Estado que supuestamente supervisaron su trabajo como contratista en la era K. Esos que, antes que controlar, protegieron al hombre que en tiempos de Néstor y Cristina Kirchner incrementó su patrimonio un 1200% y que, agradecido por esos años de bonanza, todavía se niega a arrepentirse. Aunque le cueste su libertad.

Una audiencia a su pedido

El reclamo de Báez a Casanello se conoció en momentos en que la Cámara Federal le otorgó una audiencia para una nueva exposición que él mismo solicitó y al mismo tiempo en que se realizaron nuevos allanamientos en propiedades suyas en el sur del país (Ver aparte).

La Cámara Federal citó para el lunes próximo al presunto testaferro de los Kirchner para que participe de la audiencia que solicitó personalmente, sin la firma de sus abogados. Aún es un misterio para qué solicitó Báez la audiencia con la Cámara, el tribunal que controla la labor del juez Casanello, y por ello el juez Martín Irurzun, integrante de la Sala II, le solicitó a la defensa del empresario K que precise el motivo de la convocatoria.

La Cámara debe revisar el primer procesamiento dictado contra Báez y su hijo Martín, en el marco de la causa por lavado de activos, y se espera que Casanello dicte una resolución similar en las próximas horas en torno a la maniobra de casi 209 millones de pesos que ingresaron a Austral Construcciones vía Helvetic Services Group.

El tribunal ordenó notificar al juez Casanello para que gestione el traslado de Báez desde la cárcel de Ezeiza hasta los tribunales, a través del Servicio Penitenciario Federal

Raid de operativos en el Sur

El fiscal Guillermo Marijuan encabezó ayer un megaoperativo en Santa Cruz con el objeto de allanar 168 propiedades del empresario, 73 en Río Gallegos, en el marco de la denominada investigación por la “ruta del dinero K”.

El primero de esos operativos se concretó en la Casa Gotti, conocida así porque fue construida por el empresario Roberto Gotti, donde vivieron Néstor y Cristina Kirchner hasta que en 2008 se la vendieron a Báez.

En el lugar se agolparon vecinos de Río Gallegos, quienes recordaron que en 2007, frente a esa vivienda, fueron reprimidos docentes que participaban de una marcha de protesta.

Como si el tiempo se hubiese detenido, nueve años después, en la misma provincia y con Alicia Kirchner como gobernadora, los reclamos se reiteran en una Santa Cruz en crisis, donde los municipales llevan ya 10 días de acampe y mientras los días sin clases superan los 30.

En medio de esa convulsión social, la espectacularidad de los allanamientos por la causa Báez aporta su grano de arena: ayer, las pesquisas se extendieron a la Antigua Casa Riquez, empresa de Baéz dedicada a la construcción de antenas, y al multimedio Magna.

Este nuevo operativo se extenderá por toda la semana y tiene por objeto dar cuenta del resto de propiedades, estancias, chacras y empresas que aún no fueron allanadas ni tasadas. Antes, se descubrió que el empresario contaba con más de 150 propiedades en la provincia que la Justicia no tenía registradas; se incautaron 15 automóviles de alta gama; 90.000 dólares en efectivo, una estatua de bronce de Néstor Kirchner; y, entre otros procedimientos, se allanó el mausoleo Kirchner en el marco de la causa que investiga su construcción.

Un culebrón millonario

Millones, traiciones, cárcel, corrupción y hasta divorcio. Parece el guión de un clásico culebrón mexicano, pero se trata de los avatares que día a día se acumulan en la vida de Lázaro Báez, ahora que los Kirchner no están en el poder y lo abandonaron a su suerte: triste, solitario y final en una celda demasiado amplia para él solo y en la que deberían acompañarlo otros altos funcionarios de la década pasada, desde Cristina Kirchner para bajo.

Mientras ese desenlace aún brilla por su ausencia, el río del tiempo corre para Báez y así, el 15 de abril pasado, cuando llevaba diez días detenido, el Registro Civil provincial le notificó su divorcio de Norma Calismonte, tras 30 años de matrimonio.
Todavía no se conoce la división de bienes que, se presume conflictiva y deberá incluir las propiedades que hoy están en la mira de la justicia y que, según estimó el Tribunal Nacional de Tasación, ascienden a $ 745 millones, muy por encima del embargo de $100 millones y el remate de $12 millones que le trabó el juez Casanello.