Ampliaron la imputación contra Macri por el acuerdo con el Correo Argentino

Además del Presidente, la acusación se extiende al ministro Aguad y, en esta ocasión, alcanzó a directivos de Socma SA y Simeco SA. El caso desató un escándalo nacional a principios de año

El fiscal federal Juan Pedro Zoni amplió la acusación que había realizado contra el Presidente Mauricio Macri y el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, en el caso que investiga el acuerdo que había firmado el Poder Ejecutivo con la empresa Correo Argentino SA, propiedad de la familia del jefe de Estado.

En el mismo dictamen, presentado ante el juez federal Ariel Lijo, Zoni imputó a directivos de las firmas Socma SA y Simeco SA, a los síndicos intervinientes en el concurso de la sociedad anónima que controlaba el servicio postal y a la jueza del fuero comercial que tramitaba el concurso de la compañía.

La ampliación de la acusación contra Macri y las nuevas imputaciones surgen como consecuencia de las presentaciones realizadas por la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, quien en el mes de febrero denunció una “licuación de la deuda” del Correo Argentino a través de un acuerdo muy beneficioso para la empresa de Franco Macri, frente a los intereses del Estado nacional.

La investigación judicial comenzó luego de cuatro denuncias, basadas en el dictamen de Boquín. Los denunciantes sostuvieron que el acuerdo beneficia al propio jefe de Estado porque el Correo Argentino es de la familia Macri y las acciones corresponden a dos hermanos y a tres de sus hijos, a quienes les derivó sus acciones en 2009.

Condonación de la deuda familiar

La fiscal Boquín rechazó un acuerdo entre el Ministerio de Comunicaciones y el representante del grupo Socma. Cuando el Correo entró en convocatoria de acreedores, en 2001, registraba una deuda de 296 millones de pesos con las arcas nacionales. El Estado y la empresa acordaron un plan de pagos hasta 2033, por el que la administración pública embolsaría 600 millones de pesos. Pero para la fiscal, eso implicaría una condonación de deuda de unos $4.200 millones, que surgen de no haberla actualizado.

La funcionaria judicial definió como “abusivo” el acuerdo, que beneficiaría al clan del Presidente con una quita en su deuda con el Estado de alrededor de 70.000 millones de pesos. De acuerdo a los cálculos de la Dirección de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración, el convenio generaría una quita de más de 4.000 millones de pesos ahora y de más de 70.000 millones a 2033.

Boquín resaltó, además, que la familia Macri “detenta la totalidad del capital accionario de Socma Americana SA, controlante de Sideco Americana SA, que a su vez posee el control accionario de Correo Argentino SA”. El caso fue motivo de un escándalo, que incluyó contradicciones en las declaraciones de funcionarios nacionales en torno al acuerdo establecido y respecto a cuál era el real conocimiento que tenía el Presidente Macri sobre el mismo.

Los argumentos del fiscal 

En febrero, al imputar al Presidente y a Aguad, Juan Pedro Zoni entendió que Macri se beneficiaba de forma “directa o indirecta” con el acuerdo. Además, consideró que el funcionario que había decidido firmar la operación, el director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicación, Juan Mocoroa, no tenía autoridad suficiente para hacerlo.

“Se observa un perjuicio patrimonial multimillonario en las arcas del Estado y en el patrimonio de los acreedores minoritarios”, consideró el representante del Ministerio Público. Zoni aseguró que la indagación sobre los hechos es necesaria para “corroborar la existencia de conductas delictivas estrechamente vinculadas al proceso concursal” del Correo.

Por otro lado, Mocoroa aparece descripto como un funcionario incompetente para realizar la negociación, ya que “de­sarrolla sus funciones a través de una cadena jerárquica que lo vincula con el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, quien a su vez resultaría beneficiario de forma directa o indirecta de la sociedad concursada y por ende del acuerdo suscrito por aquel”.