Apuran polémica reforma a las ART en el Senado

Los cambios a la Ley de Riesgos del Trabajo promovidos por el Gobierno generan controversia, ya que niegan a los trabajadores el acceso a derechos básicos. Crecientes críticas de sectores políticos y sindicales a las modificaciones oficiales

Buscando establecer cambios bruscos en la “industria” de los juicios laborales, que cuesta más de mil millones de dólares al año, el Gobierno nacional envió a la Cámara de Senadores un proyecto de Ley Complementaria de la norma que rige las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART).

La normativa, criticada por diferentes sectores políticos y sindicales, tiene como clave que a partir del momento mismo de su sanción, el fuero laboral será reemplazado por el fuero federal de la seguridad social, como el ámbito jurisdiccional central en donde se dirimirán todos los planteos y controversias relacionados con los accidentes o enfermedades laborales.

El proyecto, que fue redactado por la Su­per­intendencia de Riesgos del Trabajo, conducida por Gustavo Morón, pretende bajar la litigiosidad, que tras la última reforma a la ley dictada bajo el gobierno de Carlos Menem subió su nivel de demandas en un 15% anual, acumulándose en los últimos cinco años más de 350.000  juicios.

Prudencia judicial

Desde la cámara que reúne a todas las aseguradoras alertan sobre la posibilidad de que el sistema “estalle por los aires”, ya que se encuentra “colapsado” y sin posibilidades de ser sobrellevado de cara al futuro. Una opinión diferente mantienen distintos actores políticos y sociales, que creen que la misma va en detrimento de los trabajadores y en una merma sustancial de derechos establecidos.

Una de las referentes políticas que salió a cuestionar esta iniciativa fue la diputada nacional por el GEN, Margarita Stolbizer, quien criticó al Ejecutivo al afirmar: “En lugar de evitar juicios, lo que deberían evitar son los accidentes y las enfermedades que sufren los trabajadores. Vuelven a equivocarse cuando, por defender la rentabilidad empresaria, someten a los trabajadores a un régimen que les niega el acceso a sus derechos fundamentales”.

Para la líder del frente Progresistas, “la preocupación debería ser prevenir para evitar los siniestros; no evitar que los trabajadores siniestrados inicien juicios. No se hacen los controles sobre el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene y entonces los accidentes se repiten. Ninguna de las empresas aseguradoras corre riesgo de fundirse y siempre el costo del sistema deben soportarlo los mismos: los más débiles”.

“El acceso a la Justicia es un derecho humano básico que no les puede ser negado a los trabajadores, a quienes estas leyes someten a una discriminación intolerable. Los médicos no pueden reemplazar a los jueces cuando se trata de un reclamo de justicia. Los juicios son la única herramienta necesaria y que la ley les concede para reclamar por lo que les corresponde en resguardo de su vida y su salud”, resaltó Stolbizer.

Operación dilatoria

Uno de los aspectos más cuestionados del proyecto oficial es aquel que remarca que las comisiones médicas jurisdiccionales, que es donde se determinan los grados de prestaciones e indemnizaciones por accidentes o enfermedades laborales, constituirán una instancia única y obligatoria previa al inicio de cualquier acción judicial, y que sus fallos tendrán carácter de “cosa juzgada”, algo rechazado desde el sector sindical.

En diálogo con diario Hoy, el apoderado legal del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME), Guillermo Chávez, destacó que “esta reforma implicaría como consecuencia directa una importante dilación en el tiempo en las tramitaciones por infortunios laborales, con consecuencias desfavorables para los trabajadores”.

En ese sentido, y solo por tener en cuenta algunas de las consecuencias que emergen de la normativa, el dirigente sindical señaló que “los trabajadores deberán incurrir en erogaciones y gastos en traslados hasta las sedes de las comisiones médicas jurisdiccionales que en muchos casos superan los 100 km desde los lugares de residencia, todo ello con el agravante de que en muchos de estos casos se trata de situaciones en las que, por razones de salud, la tramitación se torna impracticable”.

“Hoy, privilegiando el interés y los costos de las Aseguradoras, vuelve el proyecto de ley a recortar los derechos de los trabajadores, privándolos de acceder en forma rápida y expeditiva a una reparación justa ante los jueces del Trabajo, tal como prevé la Constitución”, subrayó Chávez.