Avanza investigación por los aportes a la campaña macrista

Así lo dispuso la jueza Servini de Cubría a raíz de una denuncia por los $120 millones que recaudó el Pro en una cena con empresarios

Ayer se conoció que el Juzgado Federal Nº 1 de Capital Federal, que tiene competencia electoral y está presidido por María Romilda Servini de Cubría, hizo lugar a un pedido para investigar los aportes que realizaron importantes empresarios al Pro, el partido liderado por Mauricio Macri, en una cena donde el cubierto cotizaba 50 mil pesos.

Concretamente, según pudo saber Hoy, Servini de Cubría decidió correrle traslado de la presentación realizada por el ex diputado provincial Walter Martello a los responsables partidarios del Pro a nivel nacional y de la Capital Federal, teniendo cinco días de plazo para contestar.

Cabe recordar que el 17 de marzo el partido de Macri realizó una cena, en la Sociedad Rural del barrio porteño de Palermo, con la intención de recaudar fondos para su campaña electoral, logrando conseguir entre $100.000.000 y $120.000.000. En ese contexto, entre las cuestiones que se pide investigar se encuentra el rol de Nicolás Caputo, empresario y amigo de Macri, que habría sido el “facilitador” en la gestión de conseguir los fondos de campaña.
Además, habrían adquirido cubiertos representantes de empresas concesionarias de servicios u obras públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Ejemplo de ello es la adquisición de numerosos cubiertos por parte del empresario Santiago Riva (RIVA SA), estrechamente relacionado con la adjudicación de obras y servicios de la Ciudad (Metrobus, entre otros).

“Caputo tiene incompatibilidades legales por ser proveedor del gobierno en distintas áreas. Ya Macri protagonizó un escándalo en 2008 cuando lo designó por decreto 2144/07 asesor ad honoren. Su participación es obscena en la mesa chica del macrismo, donde también abreva el empresario del juego Daniel Angelici”, agregó Martello en su presentación ante la justicia.

La conducta de las agrupaciones políticas y sus candidatos y precandidatos, es regida no sólo por la Ley 26.215 que establece disposiciones relativas al financiamiento de los partidos políticos, y como pueden obtener sus recursos, además del financiamiento público, sino también, por el Código Electoral Nacional.