Cada vez más alejados de la realidad
EN FOCO
Evidentemente, en la Argentina, y particularmente en la provincia de Buenos Aires, hay sectores políticos que creen que viven en otro país, que nada tiene que ver con el nuestro. Piensan que estamos en Suiza, Holanda, Noruega o Suecia, olvidándose de que a pocos kilómetros de la Casa Rosada se vive como en Africa o Centroamérica.
Por más que el kirchnerismo se haga el distraído, la inseguridad no es un castigo divino. Es producto del sistemático deterioro de la situación socioeconómica registrada en los últimos años, que se ha convertido en una usina de marginalidad y, consecuencia de ello, en una fábrica de delincuentes que no tienen absolutamente nada que perder.
Ahora bien, en momentos en que la inseguridad no da tregua, resulta lamentablemente que desde sectores políticos impulsen reformas legislativas que limitan la capacidad de acción de la policía. Imposibilitarle a un agente que tiene que garantizar el orden poder detener a un sospechoso de un posible acto delictivo, que no porta documento y ninguna clase de identificación, es sencillamente un desquicio. Es como echarle nafta a un territorio que ya de por sí está incendiando por la ola delictiva.
La policía no sólo tiene como funcionar combatir a los malhechores. También tiene que llevar a cabo acciones de prevención, que en definitiva constituyen la forma más efectiva para cuidar la vida de los ciudadanos. Esto no quiere decir que se le debe dar rienda suelta al accionar de las fuerzas de seguridad, sin límite alguno. Por el contrario, en lugar de este tipo de parches legislativos, que no sirven de nada, lo que se requiere son planes de seguridad serios, que apunten a una auténtica profesionalización de los agentes del orden. Estamos asistiendo a un panorama donde las bandas que se dedican a delinquir, en muchas ocasiones, tienen más y mejores recursos que las fuerzas de seguridad, lo que hace indispensable reducir la brecha existente.
El Estado, en todos sus niveles, debe estar enfocado en preparar de forma eficiente y adecuada a todo aquel uniformado que debe portar para garantizar la ley y el orden.
Una reflexión similar le cabe a la puesta en marcha de los juicios por jurado (ver página 5). Realmente es muy poco serio pensar que los graves problemas por lo que afronta la Justicia bonaerense, que se encuentra colapsada y en gran parte cooptada por el poder político, se van a solucionar adoptando soluciones foráneas que se ven en películas de Hollywood.
Como si fuese un chiste, hasta el propio gobierno bonaerense recomendó ver “12 hombres en pugna”, un film de 1957 que tuvo una remake en 1997, para entender cómo será el proceso que se pondrá en marcha a fin de año. Eso no es todo: distribuirá en escuelas y universidades la novela, que dio origen a la película, que relata la deliberación de un Jurado integrado por una docena de hombres que deben decidir la culpabilidad o no de un menor acusado de asesinar a su padre.
Los detractores de este sistema de enjuiciamiento vienen alertando que será difícil implementarlo en nuestro medio, por falta de tradiciones propias, de ambiente y de cultura pública. Descreen que importar este nuevo sistema pueda evitar los habituales errores judiciales.
Además, uno de los argumentos que utilizan los defensores del juicio por jurados es que se evitaría la presión que sobre los jueces letrados pueden ejercer algunas de las partes del proceso.
La realidad es que las presiones que afrontan los jueces vienen por otro lado. El quid de la cuestión pasa en cómo se llegar a ser juez o fiscal en la provincia de Buenos Aires, donde existe un Consejo de la Magistratura con una fuerte presencia de padrinazgos políticos que terminan definiendo las ternas de los postulantes para ocupar los distintos cargos en el poder judicial, dejando relegados –muchas veces- a hombres y mujeres del derecho con una destacada carrera y trayectoria.