Condenaron a cinco años de prisión al acusado de estafar a IOMA

La jueza del Juzgado Correccional n° 3 de La Plata, Graciela Buscarini, condenó a cinco años de cárcel a Carlos Marenda, el empresario de Biox SRL acusado de estafar a IOMA a través de la provisión de prótesis para supuestos pacientes con cuadros traumatológicos. Fuentes judiciales le informaron a este medio que el imputado fue detenido luego de que no se presentara a la lectura de la sentencia. 

Jorge Paolini, titular de la UFI de Delitos Complejos de La Plata, había expresado durante los alegatos de la semana pasada que “se encuentra acreditado que, entre 2008 y 2010, Marenda, en conjunto con otras dos personas, con las cuales este Ministerio Público arribó a un juicio abreviado, defraudó a la administración pública y a la obra social IOMA mediante trámites apócrifos que supuestamente eran para los afiliados, pero que nunca se hicieron”. 

Según relató el fiscal, el empresario recibió la ayuda de un médico, Casouto, encargado del área de Traumatología del Grupo La Merced, y “ambos se hacían de la documentación necesaria para luego presentarla a IOMA y esto después generaba el engaño a la administración pública”. Además, agregó que “se hacía de los certificados e implantes que le daba la Clínica Mitre, muchos de ellos en blanco, para que luego junto con Marenda se le agregaran stickers y se falsificaran constancias de antecedentes médicos de los pacientes”.

Un robo millonario

Paolini aseguró que los engaños continuaron a través de la Federación Mayorista de Proveedores del Estado (Femape), logrando cobrar por 63 hechos probados y por 18 más en grado de tentativa. La estafa ascendería a un monto estimado de $3.100.000. El representante del Ministerio Público acusó entonces a Marenda de ser coautor del delito de “fraude en perjuicio de la administración pública, en concurso real”, considerando como agravante el ánimo de lucro, ya que buscaron prótesis internacionales que son de mayor valor que las nacionales. 

Cabe destacar que la jueza Buscarini, de esta manera, no hizo lugar al requerimiento del abogado de la defensa, Fabián Améndola, respecto del cambio de competencia a la órbita federal, teniendo en cuenta que la falsificación de documentos es un delito federal.