Cristina Kirchner fue citada a declaración indagatoria y le inhibieron sus bienes

El juez federal Julián Ercolini tomó la medida que alcanza a De Vido, López, Báez y otros funcionarios acusados de conformar un entramado de corrupción en la obra pública durante la era K

Cristina Kirchner deberá prestar declaración indagatoria por la causa en la que se investiga si privilegió a Lázaro Báez con la adjudicación indiscriminada de obra pública en Santa Cruz para luego beneficiarse con negocios propios. El juez federal Julián Ercolini firmó ayer la citación de la expresidenta para el 20 de octubre y dispuso la inhibición general de sus bienes.

La misma medida recayó sobre otras 16 personas, entre las que se encuentran el exministro de Planificación Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López, el detenido Lázaro Báez y el exfuncionario Carlos Santiago Kirchner, primo de Néstor Kirchner. Ercolini entendió que corresponde trabar una inhibición sobre sus bienes “para prevenir manejos, transferencias o disposiciones de bienes que podrían constituir, en definitiva, producido o provecho del delito bajo pesquisa”.

Los argumentos

La semana pasada los fiscales Gerardo Pollicita y Juan Ignacio Mahiques habían solicitado la indagatoria de 34 personas fundamentada en 227 evidencias, pero el juez resolvió convocar a 17. En sus dos presentaciones ante el magistrado, Pollicita y Mahiques acusaron a Cristina Kirchner de haber montado una supuesta maniobra para favorecer a su “amigo y socio” Lázaro Báez con adjudicaciones de obras viales multimillonarias en Santa Cruz.

“Mientras el empresario Lázaro Báez era el más beneficiado en la asignación de múltiple y millonaria obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, paralelamente le garantizaba a la exfamilia presidencial ingresos millonarios a partir del alquiler de sus establecimientos hoteleros”, habían afirmado los fiscales, que entre otros ejemplos investigados consignaron el de la Ruta Nacional 3 y la Provincial 9.

En su resolución de 29 páginas, Ercolini citó los argumentos de los representantes del ministerio público, que detallaron los “cuatro pilares fundamentales” en los que se edificaban las maniobras: “La inserción del amigo presidencial en el negocio de la construcción vial, la exportación de una estructura provincial montada con gente de confianza a un nivel nacional, la mayor concentración económica de obra pública vial de nuestro país en la provincia de Santa Cruz y el direccionamiento de la adjudicación de la obra pública y el diseño de un esquema de beneficios exclusivos a favor del empresario Lázaro Báez, en detrimento de las arcas del Estado”.

Además recordó que, sobre la relación personal que Báez tenía con el exmatrimonio presidencial, los fiscales “hicieron referencia a las conexiones comerciales existentes entre ellos” y, a modo de ejemplo, “destacaron que Cristina 

Fernández de Kirchner y la firma Austral Construcciones compartían un condominio desde agosto de 2008 en la ciudad de El Calafate”.

Cada vez más cerca de Comodoro Py

La situación judicial de la expresidenta se agrava conforme pasan los días. Al pedido de indagatoria de Ercolini por irregularidades en la concesión de obra pública se suma el procesamiento que ya tiene la exmandataria por la venta de dólar a futuro. En el caso que lleva adelante el juez Claudio Bonadio, Cristina está imputada junto a otras 14 personas por el delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública por la política del dólar futuro durante sus últimos años de gobierno.

La causa está en manos de la Cámara Federal, que debe resolver si confirma el procesamiento y deja a la expresidente a un paso del juicio oral o si la sobresee, tal como ella lo solicitó. El tercer litigio con el que lidia la exjefa de Estado es la causa Hotesur, también a cargo de Ercolini y de nuevo relacionada a Lázaro Báez. Aquí se la imputa por presunto lavado de dinero en el alquiler que le hacía el empresario santacruceño de sus hoteles. La sospecha es que el dinero de los alquileres retornaba de la obra pública que Báez obtenía a instancias de los Kirchner. Eso no es todo. El juez Bonadio investiga la misma maniobra en la causa Los Sauces, que toma el nombre de la empresa de la familia Kirchner que habría servido de pantalla para las maniobras ilícitas.