Denuncian sobreprecios en garrafas

Las de 10 kilos se venden en algunos lugares a más de $200, tras el aumento que impuso el Gobierno nacional. Las personas más afectadas son aquellas que pertenecen a sectores de bajos recursos 

A través de la resolución 56E/2017 publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno comunicó que, mediante la Ley 26.020, fue establecido el marco regulatorio para la industria y comercialización del gas licuado de petróleo (GLP), por el cual las autoridades se comprometieron al suministro regular, confiable y económico del servicio. Sin embargo, la garrafa de 10 kilos, que debería venderse a 134,38 pesos también por una disposición del Presidente Mauricio Macri, cuesta 200 pesos o más. 

El incremento en el precio de las garrafas ya impactó a los usuarios, que pertenecen en un 80% a hogares de bajos recursos. Se cree que, con la llegada del invierno, la suba se sentirá aún más  en los bolsillos. La falta de control del Estado ha llevado a que este producto aumente hasta llegar a cobrarse casi el doble de lo que dispone el Ministerio de Energía que conduce Juan José Aranguren. 

Los pedidos de inspecciones se deben a que en algunos barrios los vecinos denuncian que existe reventa de garrafas, lo que afecta de manera directa a las familias que no tienen otra manera de reemplazarlas y, deses­peradas por la falta del insumo, terminan adquiriéndolas a un precio vil. 

Un problema sin solución 

El pasado 5 de abril, el Ministerio de Energía nacional elevó, mediante la resolución 46-E/2017, el precio máximo de la garrafa de gas en un 38,5%. Hasta ese momento, el valor oficial de la de 10 kilos era de 97 pesos. Con el incremento ordenado por el Gobierno, este producto ahora no debe costar más de $134,38 (IVA incluido); la garrafa de 12 kilos debe venderse a $161,26 y la de 20 kilos, a $201,58. 

Aún antes del último aumento, una garrafa valía casi el doble que los 97 pesos determinados por el precio oficial, y eso implica un gran inconveniente para cientos de hogares, dado que según datos oficiales, 3,5 millones de viviendas de la Argentina no tienen acceso a la red de gas. Entre todas las casas que no acceden al gas, 2,8 millones reciben subsidios del Programa Hogar. 

Dicho programa establece que, en función de los ingresos de la persona y de su conexión o no a la red de gas natural, la Anses le depositará automáticamente todos los meses en su cuenta bancaria el monto correspondiente al subsidio. A pesar de ello, muchas veces la ayuda no alcanza. 

El ministro Aranguren, presionado por los reclamos, convocaría en los próximos días a los distribuidores de gas para reclamarles el cumplimiento del precio oficial de la garrafa. En caso de no ser correspondido el pedido, la cartera de Energía sacaría inspectores a la calle para que controlen que se cumpla lo establecido.