Echegaray y Mussi, contra las cuerdas

Ayer, la Justicia ordenó allanamientos en un depósito fiscal de Berazategui, cuyo destino habría sido ocultar mercadería ilegal. Se acusa al extitular de la AFIP por “encubrimiento agravado, defraudación y lavado de dinero”. Al jefe comunal de ese distrito del Conurbano se le imputa haber avalado un “negociado con tierras” para fines espurios

La Justicia vuelve a investigar a Ricardo Echegaray por “contrabando, defraudación y lavado de dinero”. Lo hace en Berazategui, tierra del intendente Patricio Mussi, donde el mes pasado fue detenido el exdirector de la Aduana en el Puerto de Buenos Aires, Edgardo Paolucci, también acusado en esta causa iniciada por la diputada nacional Elisa Carrió y su abogada, Mónica Frade.

Ayer, en el día en que Berazategui inició los festejos por los 56 años de su autonomía, la Justicia ordenó el allanamiento y apertura de contenedores en el depósito fiscal que, bajo el nombre de Defibe SA, opera sobre la Autopista Buenos Aires-La Plata, a pocos metros de la vecina localidad. La orden partió del juez federal de Quilmes, Luis Armella, el mismo que investiga al “Baroncito” del Conurbano (tal como identifican sus detractores al menor de los Mussi) por enriquecimiento ilícito y por “envenamiento”, a raíz del brote de gastroenterocolitis que en abril pasado afectó a más de mil vecinos, entre los que fallecieron dos menores, presuntamente por la contaminación del agua que provee el municipio.

Ahora, la sospecha va contra un depósito fiscal que se habría usado “como se usaron todos los depósitos durante el kirchnerismo: pudo haber sido para contrabando, para alojar sustancias, para ingresar mercadería ilegal. Por eso pedimos el allanamiento y la apertura de los contenedores”, precisó Frade a diario Hoy.

Zona liberada

Como su fin, el origen de Defibe fue oscuro. En enero de 2010 este depósito fiscal fue habilitado a cambio de tierras y la construcción del nuevo edificio municipal de Berazategui. Entonces, apareció en escena el presidente de la sociedad, Gustavo Gallardo, también titular de la empresa Show Service SA, beneficiada con millonarios contratos en eventos K, como Tecnópolis y los festejos del Bicentenario.

Para la Dra. Frade, desde 2010 hasta el final del kirchnerismo, “la zona estuvo liberada, sin ningún tipo de control, permitiendo incluso la fraguación de documentos, para beneficiar con tierras a este grupo de gente, que incluyó hasta al exsuegro de Paolucci”.

Durante más de cinco años, según la letrada, junto con Carrió y los propietarios originarios de las tierras denunciaron “la irregularidad de las maniobras. Todos los reclamos fueron dirigidos a Echegaray y Paolucci. Se hicieron denuncias ante la Inspección General de Justicia (IGJ) a todas las autoridades mostrando que se estaba explotando esto, que era de orden público, y a pesar de eso no intervinieron”.

El encubrimiento

Sin embargo, aunque ambos exfuncionarios fueron advertidos por los anteriores titulares de las tierras sobre las irregularidades “que operaban en el depósito, con denuncias de usurpación contra el nuevo grupo societario”, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)” no hizo ningún control y liberó el funcionamiento del depósito, lo que nos llevó a plantear un encubrimiento agravado”, sostuvo la representante legal de Carrió.

Para Frade, el extitular de la AFIP “no pudo haber desconocido esto y por eso lo denunciamos”.

En el caso de Mussi, la investigación busca dilucidar el negociado de las tierras, “porque se instaló el depósito sin ningún tipo de control posterior y porque, una vez puesto en funcionamiento, el intendente le cedió más terrenos a Gallardo”, aseguró la abogada. No obstante, “Echegaray es el centro de todo, porque los depósitos fiscales dependían de la AFIP. Si bien Paolucci era el director de la Aduana, la autoridad última era Echegaray”, sentenció.

La Aduana de las irregularidades

Las presuntas vinculaciones de Echegaray y el exdirector de la Aduana, Guillermo Michel, con el aumento exponencial del narcotráfico y el contrabando en la era K han sido palmarias en reiteradas oportunidades

Esas investigaciones dejaron en evidencia que la Aduana aumentó en discrecionalidad e irregularidades cuando asumió Echegaray, en 2004, y decidió desmantelar todos los controles para hacer pasar como lícitos hechos delictivos.

A su vez, en agosto de 2014, en el informe titulado “Echegaray: extorsiones en el norte argentino”, nuestro diario reveló que en la provincia de Salta existía una relación delincuencial entre narcotraficantes y contrabandistas con funcionarios judiciales y de la AFIP, especialmente en el distrito de Orán.

Allí se informó que el gobierno anterior había designado en el organismo recaudador salteño (una dependencia clave de control para narcotraficantes), a Rafael Resnick Brenner. Fue una especie de premio para quien había sido jefe de Gabinete de asesores de Ricardo Echegaray, hasta que quedó procesado en el Boudougate.

Desde la llegada de Resnick Brenner a la AFIP norteña, al fiel estilo de Echegaray, se desarrolló una maquinaria aceitada de aprietes a empresarios y productores rurales, por un lado, y a contrabandistas y narcotraficantes por el otro, con el solo fin de cobrar coimas, maniobras que habrían tenido la complicidad del exjuez Raúl Reynoso, detenido por beneficiar a “los mercaderes de la muerte”.

La conexión con la mafia de los contenedores

La acusación presentada por Elisa Carrió y su abogada, Mónica Frade, podría ser un desprendimiento de la denominada mafia de los contenedores, por la que el mes pasado cayó el exdirector de la Aduana y mano derecha de Ricardo Echegaray, Gerardo Paolucci, junto con otros diez imputados como Claudio Minnicelli, el cuñado del exministro de Planificación K, Julio de Vido, que continuaba prófugo. El grupo de acusados logró, en agosto pasado, mover seis contenedores desde la Terminal 5 (Bactssa) de la Aduana hacia un Depósito Fiscal de Lanús, cobrando a cambio un soborno de 70.000 dólares por cada uno, a través de la falsificación de documentos y otras maniobras. 

Por eso, se cree que en el caso de Defibe la maniobra fue similar: “En estos años, todos los depósitos fiscales se usaron en un mismo sentido y en una misma dirección. La logística de transporte pertenece a sociedades implicadas en esta mafia y eso no estuvo fuera de la lógica de lo que sucedió en este tema”.