El Gobierno dilata las medidas de acción sobre Odebrecht

Desde el oficialismo subrayan que tienen la intención de determinar si existió el pago de sobornos en las obras realizadas por la empresa brasilera en nuestro país. Sin embargo, el Estado no se presentó como denunciante en ninguna de las investigaciones judiciales abiertas en la Argentina

El Gobierno nacional, a través de la figura del ministro de Justicia, Germán Garavano, salió públicamente a señalar ayer que “la Procuración del Tesoro está revisando todos los contratos” de la constructora brasilera Odebrecht en la Argentina. Sin embargo, de acuerdo a datos proporcionados por la Justicia, el Estado nacional aún no se presentó como querellante en ninguna de las causas contra la constructora brasilera.

El escándalo por las coimas que habría recibido el director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, obligó al Gobierno a tener una actitud proactiva con el objetivo de aclarar la situación de un hombre que conduce un área sensible del Estado y forma parte del círculo más cercano del Presidente Mauricio Macri.

Pese a ello, y más allá de algunos discursos altisonantes de funcionarios del oficialismo, hasta ayer, ningún organismo del Gobierno se presentó en las causas para tener el rol de querellante y formar parte de las investigaciones.

La Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA), organismos que se han mostrado detrás de muchas de la causas vinculadas a los presuntos negocios espurios a través de la obra pública (como en Hotesur o en la investigación contra Lázaro Báez por lavado de dinero), en este caso eligieron no tener participación como denunciantes en ninguna de las cuatro causas abiertas contra Odebrecht.

La misma estrategia pareció adoptar el ministro de Justicia al indicar: “Tengo entendido que ya la Procuración del Tesoro, que es el abogado del Estado, está analizando todos los contratos que la empresa tiene en el país, y eso lo hace con cada uno de los ministerios”.

Garavano dijo que “hay obras contratadas por el gobierno anterior, con el Ministerio del Interior, con el de Energía y con el de Transporte”, y agregó que “hay 35 millones de dólares que pagaron en coimas a funcionarios públicos del gobierno de la señora (por la expresidenta Cristina Fernández)”.

Sin dar precisiones sobre los avances concretos de la Procuración del Tesoro y apuntando directamente hacia la administración kirchnerista, el funcionario del gabinete nacional evitó pronunciarse sobre el caso que involucra a Gustavo Arribas. Tampoco hizo mención a las obras del soterramiento del tren Sarmiento, en las que participaron Odebrecht con Iecsa, la empresa que hasta hace algunos días pertenecía a Ángelo Calcaterra, el primo del Presidente Macri.

Asimismo, Garavano se defendió de antemano al expresar que “no son muy alentadores los precedentes que existen en el país de empresas que pagaron coimas a distintos gobiernos”, y puso como ejemplo los casos de las compañías Skanska y Siemens. Consultado sobre si el Gobierno está analizando desplazar a Odebrecht del soterramiento del Sarmiento, respondió que “eso es una facultad que corresponde a cada uno de los ministerios”.

También puso como un obstáculo en el avance de posibles juzgamientos el hecho de que “en Brasil existe la responsabilidad penal de las empresas y en la Argentina, no”. Sin embargo, aclaró que desde agosto hay un proyecto de ley sobre el tema en el Congreso. 

Los expedientes abiertos

En la Argentina se tramitan distintas causas vinculadas a hechos de corrupción de la compañía brasilera:

-El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi investiga una denuncia de la legisladora Graciela Ocaña, quien acusó al exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, por entender que habría pedido un soborno de 80.000 dólares a la constructora brasilera en obras del soterramiento del tren Sarmiento.

-Sebastián Casanello se encuentra actualmente detrás de las pistas de presuntas anomalías (sobreprecios, sospechas en la adjudicación de obras y redeterminaciones de precios por valores muy llamativos) en la construcción de dos plantas potabilizadoras que estuvieron a cargo de Aysa.

-El juzgado de Daniel Rafecas interviene en otra investigación por sobornos y sobreprecios en los gasoductos nacionales norte y sur, un desprendimiento del caso Skanska.

-La Cámara Federal de Casación debe determinar si hace lugar al sobreseimiento que se había dictado sobre Gustavo Arribas, luego de que el pasado 12 de mayo el cambista Leonardo Meirelles lo volviera a involucrar en el supuesto cobro de coimas.

La Justicia de Brasil confirmó el envío de información

La Fiscalía General de Brasil le entregará a partir del jueves próximo a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, los videos de los delatores y documentos sobre los sobornos pagados en la Argentina por la empresa brasilera Odebrecht.

La información corresponde a uno de los capítulos extranjeros de la “delación premiada” de los 77 ejecutivos y del propietario de Odebrecht, quienes, según la confesión de la propia firma, habrían alcanzado los 35 millones de dólares en coimas entre 2007 y 2014 en nuestro país. Así lo había señalado la constructora ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde además reconoció el pago de sobornos en 12 países. 

Odebrecht y la fiscalía general de Brasil firmaron un acuerdo en diciembre que vence el 1º de junio, plazo pedido por la empresa para negociar acuerdos en los países donde quiere seguir operando por los delitos cometidos, antes de que se conozca el contenido del proceso.

Por ello, apenas se cumpla ese plazo, la Procuración General de la Nación Argentina tendrá el acceso oficial a los documentos. Aún resta determinarse si ese envío se establecerá en forma física, por valija diplomática o como parte del acuerdo de cooperación internacional ya vigente entre la Justicia, independientemente de la Cancillería. Lo que pudo confirmarse es que no habrá divulgación pública del contenido.

Otros de los datos que se conocieron es que los archivos están todos digitalizados y serán entregados en discos rígidos. En tanto, los videos y los documentos probatorios de las delaciones, como correos electrónicos, papeles corporativos y oficiales, no están traducidos al español.

La cooperación de la información sobre los sobornos de Odebrecht fue firmada el 16 de febrero pasado en Brasilia por los procuradores generales de Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana y Venezuela. El acuerdo prevé un trabajo conjunto respecto de los papeles y delaciones filmadas de los ejecutivos y exejecutivos de Odebrecht.