Escándalo de corrupción: pidieron la detención del jefe de la Policía de la Ciudad

Acusado de cobrar coimas a comerciantes, José Pedro Potocar está en el ojo de la tormenta. Desde el oficialismo esperan que se “aclarare su situación para que rápidamente vuelva” a desempeñar su cargo

El fiscal José María Campagnoli  solicitó ayer la detención del suspendido jefe de la Policía de la Ciudad, José Pedro Potocar, en el marco de una causa por el supuesto cobro de coimas a comerciantes. El funcionario había sido suspendido durante el último fin de semana, aunque el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Martín Ocampo, había advertido que era una medida “transitoria” y que esperaban que se “aclarare su situación en la Justicia y que rápidamente vuelva” a su cargo.

Según la investigación que conduce Campagnoli, Potocar sería uno de los supuestos líderes de una asociación ilícita que exigía dinero a vendedores de Núñez y Saavedra a cambio de seguridad privilegiada y protección. El juez de la causa, Ricardo Farias, deberá decidir si hace lugar al pedido del representante del Ministerio Público.

Cabe destacar que el jefe de la Policía porteña fue involucrado al caso a partir de testimonios que lo señalaron como el destinatario final de coimas exigidas a los comerciantes, y también lo implicaron las anotaciones, que constan en el expediente, en un cuaderno sobre los canales de pagos ilegales.

Se involucra a varios policías

En la causa en curso ya están procesados con prisión preventiva dos altos oficiales de la Policía Federal por el delito de “asociación ilícita” por el cobro de dinero a locales a cambio de protección, donde quedó bajo la lupa la Comisaría 35. 

Campagnoli solicitó además al juez para decretar el secreto de sumario en la causa, en la cual hasta la actualidad están detenidos con prisión preventiva la comisaria inspectora Susana Aveni y el subcomisario Marcelo Stefanetti, ambos integrantes de la Comisaría 35, a quienes además se les trabó embargo por 350.000 pesos.

A la comisaria Aveni, que tenía el rol de “jefa” de la organización, la Cámara del Crimen le negó la excarcelación el pasado viernes. Stefanetti es identificado como uno de los miembros. Por otro lado, el exjefe de la seccional 35ª Norberto Villarreal y el subcomisario José Alberto Codaro se dieron a la fuga.

“Se han podido comprobar el espurio pago que era recibido a contramano de los mandatos legales y, además, las evidentes contraprestaciones que brindaba la cúpula de la Comisaría 35 para garantizar la perpetuidad de sus ingresos”, subraya el expediente. Una de las evidencias de más peso en contra de Potocar es la declaración de un “arrepentido” que contó que el monto de recaudación, tanto para Villarreal como para Potocar, era de alrededor de 35.000 a 40.000 pesos mensuales. 

Antecedentes

Al comenzar la investigación, Potocar era comisario inspector y se desempeñaba como jefe de la Dirección General de Comisarías (DGC), donde iba destinada parte de la recaudación de las coimas a los comerciantes, según un cuaderno con anotaciones que forma parte de las pruebas del caso. Cuando asumió el cargo de jefe de la Policía de la Ciudad, se informó que es abogado, casado y padre de tres hijos. El funcionario se graduó en la Academia del FBI estadounidense, que da cursos a policías de otros países. Además, cursó una maestría en Ciencias Criminológicas Forenses y fue docente de la cátedra de Derecho Penal II en la Universidad de Morón. 

Además, José Pedro Potocar lleva 35 años prestando servicio en las fuerzas de seguridad y desarrolló gran parte de su trayectoria en el ámbito de las superintendencias de Seguridad Metropolitana, Drogas Peligrosas, Asuntos Internos e Interior de la Policía Federal Argentina (PFA).

Otro comisario, en la mira de la Justicia 

El juez federal Luis Rodríguez quedó a cargo de la investigación que involucra a un comisario de la Policía Federal sospechado de presunta corrupción en perjuicio de la administración pública. El funcionario denunciado por deshonesto se llama Omar Parisi, y es el jefe de la División Redes de la Superintendencia Federal de Comunicaciones, y quien está siendo investigado por, aparentemente, “apropiarse de los fondos asignados por el presupuesto nacional para gastos de comida, caja chica y sueldos prevencionales de la División de Redes de la Policía Federal Argentina”.

La Cámara del Crimen intervino por una cuestión de competencia entre el juzgado de instrucción número 31 y el federal número nueve, y se definió por este último argumentando que está dentro de “las funciones propias que a esta le competen” cuando se trata de funcionarios nacionales y la eventual afectación tiene que ver con bienes del Estado.

Según manifestaron los jueces Mariano González Palazzo y Carlos González, en la causa prevalece “una hipótesis de defraudación a las rentas de la Nación”, por lo que envió el expediente a la Justicia Federal porteña, para que tramite allí ante el juez Rodríguez.