Las casas fantasmas de Macri en La Plata

El Ejecutivo presentó como terminadas en un 100% las obras del Plan Federal de Viviendas de Tolosa, sin embargo, todavía falta terminar el 39,75% de las construcciones. Promesas incumplidas e inconsistencias del discurso oficial

Una de las grandes carencias que tiene la Argentina es sin dudas el déficit en materia habitacional, con un faltante de poco más de cuatro millones de casas. Esta situación hace que seis millones de argentinos vivan en condiciones de hacinamiento frente a la ausencia de cualquier tipo de ayuda por parte del Estado.

La problemática empeora si se tiene en cuenta que en la última década creció en un 58% la falta de un hogar propio, lo que afecta a poco más de 2 millones de familias. A eso se le agrega que, entre los pocos que poseen un inmueble, el 30% tiene problemas habitacionales de hacinamiento ya que en el 13% de los casos conviven varios linajes en un mismo hogar, con los problemas sociales que ello acarrea.

Frente a esto, el Gobierno nacional, en vez de abocarse a llevar adelante los planes de obras encarados, como es el caso del Plan Federal de Viviendas ubicado a la bajada de la Autopista  La Plata-Buenos Aires en la localidad de Tolosa,   los abandona a su suerte. Si bien voces oficiales se jactan de manera insólita de que tales obras han sido finalizadas “en un 100%”, la realidad es que se ha ejecutado solo el 60,25% de lo planeado, ya que solo hay terminados 723 de los 1.200 hogares que se habían prometido.

De esta manera, el plan lanzado por el gobierno K de la mano del exministro de Planificación Federal, Julio de Vido, el exsecretario de Obras Públicas, José López, y su segundo, Abel Fatala, continúa tan parado como entonces, con  promesas oficiales que todavía brillan por su ausencia.

Visión deteriorada

Las edificaciones en el barrio Néstor Kirchner de Tolosa hoy presentan un panorama desolador, con cuarenta bloques sin construir en donde se iban a levantar las 477 viviendas que aún están sin edificar, y que representan las esperanzas desvanecidas de tener su techo propio de cientos de familias. 

Como si esto fuera poco, los vecinos que habían sido señalados como posibles beneficiarios se quedaron estupefactos ante la reacción del Gobierno nacional, el cual, a través de una carta dirigida a la Defensoría del Pueblo de la Nación escrita por el propio subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Iván Kerr, se jactó de que dichas obras se encontraban “finalizadas con un avance físico del 100%”.

Tras ese grave error de consideración y perspectiva política de Kerr, el Gobierno se reunió con los vecinos y prometió que para mediados de este año iban a estar concluidas 64 viviendas, realidad poco probable teniendo en cuenta la parálisis que se vive en el lugar.

Pero no solo las moradas fueron garantizadas por los funcionarios nacionales, sino que además se comprometieron en la construcción de un Sum (Salón de Usos Múltiples) y de una unidad sanitaria para atender las emergencias médicas de los habitantes del barrio toloseño de El Mercadito, todas obras todavía inexistentes.

Una de las voces que se alzaron contra las falsas promesas oficiales fue la del titular de la ONG Iniciativa Ciudadana, Pablo “Colo” Pérez, quien dijo que “cuando en 2016 hicimos una presentación ante el defensor del Pueblo, la primera respuesta fue que la obra figuraba finalizada en un 100%. La realidad marca otra cosa. Se trata de viviendas sociales que prometieron y que no terminaron de construir. A esto se le suma que se robaron una unidad sanitaria y un SUM”. 

Funcionario complicado

Iván Kerr, hacedor de las falsas promesas oficiales, es un funcionario que responde políticamente al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Con un fugaz paso por el Instituto de la Vivienda capitalino, estuvo siempre sumergido en polémicas por las acciones tomadas desde su despacho, que habría servido para beneficiar a muchas de las empresas ligadas al poder macrista.

A eso se le agrega una estrechez en su vínculo con el exministro Julio de Vido, de ahí que muchos sospechen la falta de voluntad política del oficialismo para desentrañar los nexos del ex hombre fuerte del gobierno K con la obra pública durante la pasada década. Incluso sus nombres estuvieron asociados e investigados en una supuesta estafa cometida en el Banco del Chaco en el marco del programa Arraigo, que buscaba establecer el asentamiento de familias en diversos lugares del interior del país.

En lo que se establece como una incompatibilidad como funcionario, Kerr figura como uno de los accionistas de la empresa SKSM SRL a través de la cual puede realizar inversiones de todo tipo inmobiliaria y/o financieras. Al ser uno de los responsables de los planes de viviendas oficiales, podría producirse una incompatibilidad y aprovechamiento personal del cargo.

Números de un panorama complejo

- 6.000.000 de argentinos viven en condiciones de hacinamiento.

- 4.300.000 de viviendas faltan a nivel nacional.

- 58% aumentó la escasez de viviendas en la última década.

- 7 los planes de viviendas sociales dados de baja por el Ejecutivo.

La realidad en La Plata

- 1.200 las viviendas dispuestas en un comienzo por el Plan Federal.

- 723 las moradas que fueron edificadas en la localidad de Tolosa.

- 477 las casas que todavía no se construyeron del complejo federal.

- 64 los hogares que el Gobierno prometió que terminaría a mitad de año.

- 40 los bloques que no edificaron en el barrio platense.

Trabajadores denuncian la eliminación de programas oficiales

La falta de acción en materia habitacional es una de las grandes falencias que hasta el momento viene mostrando el Gobierno nacional desde su asunción, en diciembre de 2015. Este panorama se complejiza aun más si se tiene en cuenta que la administración de Mauricio Macri dio de baja en los últimos 17 meses al menos siete planes de casas sociales para paliar el déficit de vivienda.

Según denunciaron desde la Federación Argentina de Trabajadores de Vivienda  (Fatrav), a través de la Resolución Ministerial 122/17 el Ejecutivo dejó sin efecto el Programa de Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica II, el Programa Federal de Construcción de Viviendas-Techo Digno, y el Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos.

A ellos se agregan el Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas - Mejor Vivir II”, el Programa Federal de Vivienda y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales, el Programa Federal de Integración Sociocomunitario, y el plan denominado Más Cerca: Más Municipio, Mejor País, Más Patria.

Los trabajadores manifestaron su rechazo por considerar que la baja de estos programas “afecta todo el sistema de obra pública, reduciendo la vivienda social al concepto de vivienda precaria, lo cual no comprende que la vivienda digna es un derecho social de todos los habitantes reconocido por la Constitución Nacional”.  

A su vez, desde Fatrav pusieron en evidencia que, a través de la Ley 27328/17 – Decreto 118/17 de contratos de Participación Pública-Privada, desde el Gobierno se busca concentrar los recursos para reactivar la economía “por medio de un camino peligroso, quedando expuestos a negocios que pueden desembocar en proyectos poco claros que perjudiquen al Estado”.

En ese sentido, los dirigentes argumentaron que los recursos deben ser controlados y enmarcados dentro de la autarquía de los institutos provinciales de Vivienda, ya que los mismos son los que están preparados para el desarrollo de la política urbana y de las viviendas dignas.

Un negociado made in China

Hasta el momento, la única idea que se le ha caído al gobierno de Mauricio Macri para solucionar el déficit habitacional es su proyecto de importar casas prefabricadas desde China para los sectores de menores recursos.

Esta operación, que incluiría la compra de un millón de estos mobiliarios hasta 2019 por más de US$ 1.000 millones, según diversos sectores políticos tiene como único fin terminar con la labor social que desarrollan los diferentes institutos de la Vivienda, para así “privatizar” un servicio que le corresponde al Estado.

Pero esto no quedaría solo allí, sino que la empresa elegida para llevar adelante esta operación es Sany Group, liderada por el empresario Liang Wengen. En 2015, el magnate estuvo asociado a través de su compañía China Communications Construction Company (CCCC) con la empresa Iecsa, que era conducida por el primo del Presidente, Ángelo Calcaterra, considerado como el sobrino preferido de Franco Macri.

Esta ligazón entre la familia Macri y la empresa se dio además en febrero de 2016, cuando el gobierno cordobés promulgó un decreto asignándole la ejecución de una serie de obras del Programa de Gasoductos Troncales por más de $624 millones.

Cabe recordar que Franco Macri, padre del Presidente, trabaja desde el año 2006 como facilitador de negocios entre la Argentina y China. Es más: el PC chino lo designó como “consejero senior”.

“La Comisión de Vivienda en Diputados no se reúne”

A la inacción por parte del Ejecutivo se suma también un parate total en el Congreso nacional a la hora de plantear soluciones a uno de los problemas más acuciantes que vive la Argentina.

La diputada nacional Graciela Cousinet (Libres del Sur), integrante de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano de la Cámara baja, le dijo a este medio que esa mesa “prácticamente no se reúne”. 

“El año pasado hubo un par de encuentros y este año ninguno”, contó la legisladora, quien argumentó la inexistencia de reuniones entre pares diciendo que “el presidente de la comisión, Edgardo Depetris (FpV), no convoca”. 

En ese sentido, relató que “había varios temas que estábamos tratando, como una ley de hábitat, relacionada con la calidad de vida en viviendas de tipo social y autogestionadas”.

Para Cousinet, desde el Gobierno “se está privilegiando la inmediatez de intentar solucionar un problema coyuntural, teniendo en cuenta las elecciones, que generar un proyecto estratégico de incentivar la industria, la construcción y el trabajo nacional”.

“El Estado no tiene una política de viviendas sociales”

José Castillo - Economista. Profesor en la UBA

“Desde su llegada al poder, Mauricio Macri no ha hecho más que suprimir planes de vivienda destinados a los sectores de menores recursos, ya que evidentemente eso no es una tarea central para un gobierno que con sus políticas no hace otra cosa que expulsar del sistema a los más pobres.

El Estado no tiene una política de viviendas sociales y eso es lo que puede observarse hoy en día. La única idea que se le viene a la cabeza para paliar el déficit habitacional es importar casas prefabricadas desde China a un precio ridículo, saliendo casi el doble que producirlas en nuestro país y sin asegurar las mínimas condiciones de salubridad para los argentinos.

Estas viviendas que quieren traer desde China no tienen los requisitos de construcción imperantes en territorio nacional y se rigen por reglas que nada tienen que ver con la idiosincrasia argentina.

Más allá de que se lo quiera vender como un avance para el país, esto es un enorme retroceso que sigue la lógica de destruir la industria nacional a través de las importaciones, que tanto daño le ha causado a la Argentina históricamente”.