Las denuncias por enriquecimiento ilícito acorralan al Gobierno
El crecimiento patrimonial de funcionarios kirchneristas ha sido denunciado reiteradas veces ante la Justicia. Lavado de dinero y sobreprecios en la obra pública, en el ojo de la tormenta
En los últimos meses, al salir a la luz las denuncias por lavado de dinero que involucran al empresario kirchnerista Lázaro Báez –y que salpican seriamente a toda la estructura del Gobierno- volvieron a retomarse las sospechas de que un gran porcentaje de los funcionarios públicos de primera línea se han enriquecido ilícitamente durante los últimos 10 años.
El matrimonio Kirchner fue investigado en su momento por la Justicia, pero terminó sospechosamente sobreseído por el Juez Norberto Oyarbide, que se caracteriza por cajonear las causas que caen en su juzgado relacionadas con miembros o aliados del Gobierno.
También fueron investigados por enriquecimiento ilícito el Ministro de Planificación Julio De Vido, el exSecretario de Transporte Ricardo Jaime, el titular de Aerolíneas Argentinas Mariano Recalde y el director de la AFIP Ricardo Echegaray, entre otros.
Fue la diputada nacional Graciela Ocaña, una de las que efectuó denuncias judiciales por enriquecimiento ilícito, particularizando en el funcionario de La Cámpora al frente de la aerolínea de bandera nacional.
“La figura de enriquecimiento ilícito es una figura en la que el denunciado tiene que demostrar que no se ha enriquecido”, explicó a Hoy Ocaña, y luego se refirió a las sospechas que pesan sobre funcionarios del Gobierno: “La verdad es que el nivel de crecimiento patrimonial a partir de que los nombran funcionarios es realmente sorprendente”.
Magnitud importante
Hace dos semanas, la legisladora realizó junto al diputado Manuel Garrido, una denuncia judicial para que se investiguen las empresas vinculadas con el empresario Lázaro Báez mediante las cuales se habría lavado dinero. “Las pruebas más contundentes son las declaraciones de Federico Elaskar y de Fariña”, dijo Ocaña a nuestro diario.
Además, destacó que “la magnitud de los casos de lavado de dinero es importante, porque para que se genere la protección de los funcionarios involucrados y los empresarios amigos mandando al Congreso una ley de blanqueo de dinero sin ningún tipo de condiciones prácticamente, es que tienen la clara intención de tapar estos problemas”.
“Espero que la Justicia avance, porque es su deber avanzar y hacer que los hechos denunciados puedan ser comprobados. Tienen que investigar el lavado de dinero pero al mismo tiempo investigar el hecho que dio origen a ese dinero ilegal, que es la corrupción en la obra pública. En ese sentido va el trabajo que está haciendo ahora el fiscal Marijuan, luego de que se volviera a su fiscalía, en los requerimientos que hizo”, aseguró Ocaña.
Miriam Quiroga ante la Justicia
Miriam Quiroga, la ex secretaria de Documentación de Casa de Gobierno durante la presidencia de Néstor Kirchner, declarará hoy como testigo en la Justicia, en el marco de la causa por presunta asociación ilícita de funcionarios y empresarios oficialistas.
Quiroga aseguró que cuando trabajaba en Casa de Gobierno vio al entonces secretario de Kirchner, Daniel Muñoz, salir con bolsos, presuntamente con dinero, e ir a la Quinta de Olivos y de allí en avión o por vía terrestre a Santa Cruz.
Ocaña: “Busca tener jueces y fiscales militantes”
La diputada Graciela Ocaña, en diálogo con nuestro diario, mostró esperanza en que la Justicia investigue las denuncias que realizó sobre lavado de dinero y enriquecimiento ilícito de funcionarios y empresarios amigos del Gobierno. “Ahora será la Justicia la que tenga que investigar este hecho y otros, porque ese es su papel y su deber”, señaló.
Sin embargo, a la hora de referirse a los cambios que impulsó el kirchnerismo en la Justicia, fue tajante: “La reforma judicial está relacionada con manejar la Justicia, y como se empleó una categoría de periodistas militantes, el Gobierno busca tener jueces y fiscales militantes”.
La extitular de la Unidad de Información Financiera (UIF) Alicia López afirmó ayer que ese organismo de lucha contra el lavado de activos "tomó un estado político a partir de 2007", con la designación de Rosa Falduto y luego de su actual presidente, José Sbatella.
"Yo no fui una persona puesta políticamente, rendí un concurso, por ende, nos resultaba muy difícil conseguir información del propio Estado. La IGJ no contestaba, la AFIP no contestaba, el Banco Central contestaba cuando quería...", expresó.
La ex funcionaria fue consultada por la información que trascendió ayer en torno a que la UIF "evitó denunciar ante la Justicia durante los últimos dos años y medio a dos empresas de Lázaro Báez", el empresario kirchnerista denunciado por presunto lavado de dinero.
"A partir del 2007, la UIF tomó un estado político, a partir de Rosa Falduto y después con Sbatella. Si es el Ejecutivo el que los pone, la información del Estado debería haber fluido mucho más rápido", criticó López.
Falduto estuvo al frente de la UIF entre enero de 2007 y diciembre de 2010, cuando fue sucedida por Sbatella, ambos cuestionados por su desempeño al frente del organismo por la presunta demora en dar cuenta a la Justicia de operaciones sospechosas de Báez.
Extitular de la UIF denunció irregularidades en el organismo
La extitular de la Unidad de Información Financiera (UIF) Alicia López afirmó ayer que ese organismo de lucha contra el lavado de activos "tomó un estado político a partir de 2007", con la designación de Rosa Falduto y luego de su actual presidente, José Sbatella.
"Yo no fui una persona puesta políticamente, rendí un concurso, por ende, nos resultaba muy difícil conseguir información del propio Estado. La IGJ no contestaba, la AFIP no contestaba, el Banco Central contestaba cuando quería...", expresó.
La ex funcionaria fue consultada por la información que trascendió ayer en torno a que la UIF "evitó denunciar ante la Justicia durante los últimos dos años y medio a dos empresas de Lázaro Báez", el empresario kirchnerista denunciado por presunto lavado de dinero.
"A partir del 2007, la UIF tomó un estado político, a partir de Rosa Falduto y después con Sbatella. Si es el Ejecutivo el que los pone, la información del Estado debería haber fluido mucho más rápido", criticó López.
Falduto estuvo al frente de la UIF entre enero de 2007 y diciembre de 2010, cuando fue sucedida por Sbatella, ambos cuestionados por su desempeño al frente del organismo por la presunta demora en dar cuenta a la Justicia de operaciones sospechosas de Báez.