Ley de Medios: la gran diferencia entre lo que se dice y lo que se hace

Todo fallo judicial que busque la desmonopolización de la información, y garantice en pleno la libertad de expresión, merece ser celebrado. En ese sentido, el fallo de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto ratificar la Ley de Medios, que también incluye una advertencia al Poder Ejecutivo por el manejo discrecional de la pauta oficial y del abuso de los medios públicos por parte del poder político, va en la dirección correcta.

Ahora bien, el árbol no puede tapar el bosque. Pensar que una sentencia del máximo tribunal, por si sola, va a garantizar la  pluralidad de voces, ante un gobierno nacional con características autoritarias, es de una ingenuidad absoluta. 

En ese sentido, si bien los integrantes de la Corte Suprema de Justicia en ciertas ocasiones han mostrado tener autonomía del poder político, a la hora de dictar algunos fallos que tienen el objetivo de limitar los abusos del gobierno, también han puesto de manifiesto una llamativa ineficacia a la hora de que se hagan cumplir esos fallos durante la última década. Concretamente, no es la primera vez que el máximo tribunal le ordena al poder Ejecutivo nacional a tener que distribuir la pauta publicitaria de forma equitativa, evitando usar los recursos públicos -que aportamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos- para castigar o premiar a los medios de comunicación en función de su línea editorial. Pero, pese a los distintos fallos, el gobierno K sigue con la práctica de utilizar los recursos del Estado para intentar silenciar a las voces criticas hacia su gestión. En otras palabras, convirtieron a las sentencias del máximo tribunal en letra muerta. Y, lo que es más grave, los cortesanos se quedaron con los brazos cruzados.

La situación no sólo atañe a la cuestión de los medios. Lo mismo sucede en materia previsional, con jubilados que se mueren todos los días sin que el Estado cumpla con el 82% móvil ordenado por la Corte. Algo similar ocurre con el Procurador de Santa Cruz, que nunca fue restituido en el cargo pese a que el máximo tribunal ordenó lo contrario; y con la sentencia para la limpieza del Riachuelo, donde se han despilfarrado cientos de millones de dólares, mientras los niveles de contaminación no se han reducido en lo más mínimo, pese a que algunos K ahora se empeñen en ver peces de colores nadando por las turbias aguas del Conurbano bonaerense.

La realidad, como decía Perón, es la única verdad. Y esta indica que durante los 4 años de vigencia de esta norma, los únicos que parecen haberse beneficiado fueron los amigos del poder. Uno de ellos, el zar kirchnerista del juego, Cristóbal López, se quedó con numerosas licencias de radio, de TV y hasta con la concesión de peajes, pese a que la propia norma en cuestión habla específicamente de que aquellas personas que administran servicios públicos no pueden acceder a la licencias de medios de comunicación. 

En otras palabras, los K permitieron que sus socios –o presuntos testaferros- incumplan con la ley que ellos mismo pergeñaron. Para aquellos que aún no lo saben, Cristóbal López, gracias a los favores de Néstor y Cristina, en la última década se convirtió en el principal operador del negocio del juego, inundando varias provincias con máquinas tragamonedas que están programadas para hacer perder. Y terminan esquilmando los bolsillos de aquellos sectores sociales que no encuentran otra posibilidad que recurrir al juego para salvarse.

Asimismo, con los millones de la publicidad oficial, se financiaron medios fantasmas, como Pagina 12, convertido en una suerte de Boletín Oficial K.  La lista del aparato paraoficial la completa el Grupo Spolsky, el Grupo Olmos, y otros más, que se dedican a difundir “el relato” oficial.

Ahora bien, semejante estructura gubernamental, que no tiene nada que envidiarle a las prácticas de Joseph Goebbels, el jefe de propaganda nazi, de poco le sirvió a los K. 

En las pasadas elecciones, el soberano no se dejó engañar con los cantos de sirena ni con los espejos de colores que, continuamente, intentaron venderle la presidenta y su círculo de adulones. Por eso, la ciudadanía fue a las urnas para propinarle un duro cachetazo a este gobierno, harta de la soberbia y del desprecio hacia todo aquel que piensa distinto.  

Siete de cada diez argentinos votaron contra los K por el claro deterioro en materia económica y social, que no puede ser ocultada por los medios manejados desde la Casa Rosada.

La única voz disonante

El diario Hoy tiene toda la autoridad moral de plantear la contradicción flagrante de lo que dice el gobierno con la Ley de Medios, y lo que finalmente se lleva a la práctica.

En el año 2007, en soledad, en pleno apogeo del kirchnerismo, fuimos uno de los pocos medios del país que denunció públicamente la concentración mediática que se profundizó luego de que Néstor Kirchner autorizara la fusión de las empresas Multicanal y Cablevisión. Esta fusión permitió que el Grupo Clarín se quedara con el control del negocio de la TV por cable, como así también el servicio de Internet de banda ancha, en casi todo el país.

Por ejemplo, en una nota publicada el 26 de diciembre de 2007, pocos días después de que Kirchner autorizó la función, escribimos: “El manejo de esta empresa le permite presionar a pequeños y medianos medios independientes, estableciendo cupos en las ventas, limitando así, a su antojo y propia conveniencia, el derecho a la información y a la libertad de prensa que contempla la Constitución nacional”. 

Poco le importó al kirchnerismo, que tenía al Grupo Clarín como uno de sus principales socios. Luego vino el divorcio, y tomaron de rehenes a los argentinos a la hora de hacer la división de bienes.