Los polémicos beneficios de los colegios privados
Mientras los edificios de las escuelas públicas se derrumban, los administradores de los colegios privados no pagan impuestos y reciben $5.000 millones por año en concepto de subvenciones. Denuncian groseras irregularidades vinculadas a los aportes previsionales
En estos días, se estará definiendo de cuánto será el aumento que se le cobrará a los padres que envían a sus hijos a los colegios privados bonaerenses. Se estima que el incremento de los aranceles, que supuestamente deberían estar destinados a cumplir con las obligaciones salariales de docentes y auxiliares, rondará el 30%.
Estimado lector no vaya a creer que esté es el único ingreso que tienen los colegios. Muchos de ellos, especialmente los que dependen o están vinculados con la Iglesia, reciben recursos del Estado en concepto de subvenciones, que salen de los impuestos que pagan todos los bonaerenses, incluidas las familias que no tienen otra alternativa que enviar a sus hijos a las escuelas públicas, al no poder afrontar el pago de una cuota. Estamos hablando, sólo en concepto de subvenciones, de alrededor de $5000 mil millones por año.
Este sistema de subsidios surgió, en su momento, como una forma de asistir a instituciones educativas de la Iglesia que funcionan en zonas donde el Estado aún no había llegado con la prestación de servicios educativos. A su vez, algunos colegios de gestión privada cumplen una importante función social en zonas socialmente postergadas, donde la escuela pública se encuentra colapsada. Pero estos ejemplos, en la actualidad, sólo constituyen un pequeño porcentaje del total: la mayoría de los establecimientos educativos de gestión privada cobrarán cuotas, luego de los aumentos, que difícilmente estén por debajo de los $1000 mensuales.
Pese a la rentabilidad que consiguen todos estos colegios con los aranceles y las matriculas, sus administradores prácticamente no abonan impuestos. Según constan en la ley de Presupuesto 2014, los establecimientos educacionales privados incorporados a los planes de enseñanza oficial y reconocidos como tales por la prestación de servicios de enseñanza, está exentos del pago de Ingresos Brutos, tributo que es pagado por cualquier kiosquero o almacenero de barrio, a quienes la Provincia se les queda con el 3,5% de su facturación total.
La exención tributaria a los colegios implica que el Estado bonaerense, que ni siquiera está en condiciones de garantizar un mínimo mantenimiento edilicio de las escuelas públicas (ver aparte), no perciba unos $405 millones durante el presente año. ¿Cuántas escuelas públicas se podrían construir y reparar con ese monto? Se estima que los $400 millones alcanzarían para construir, por lo menos, 20 establecimientos educativos totalmente equipados por año. Las fotos de distintas escuelas de nuestra ciudad, que acompañan esta nota, muestran la magnitud de la crisis edilicia que se está viviendo.
Como si todo esto fuera poco, se vienen registrando serias irregularidades respecto a las condiciones laborales de los trabajadores en muchos colegios de gestión privada. Días atrás, el Instituto de Previsión Social bonaerense informó que cerca del 40% de los colegios retienen los aportes a sus docentes, pero no lo depositan en el IPS lo que constituye un delito penal tributario. Es más, las autoridades provinciales ya iniciaron los juicios de apremio. La deuda exigible solamente en nuestra región, en concepto de aportes jubilatorios del personal docente no efectuados en tiempo y forma, asciende a $9.300.000.
Las irregularidades también se registran con el personal no docente. Desde el Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (Soeme) vienen denunciando que el Consejo Superior de Educación Católica (Consudec) se viene negando a otorgar un aumento salarial a cuenta hasta que se concrete la negociación paritaria de este año. Esto implica un serio deterioro para el poder adquisitivo de los trabajadores que, en lo que va del año, no recibieron aumento alguno, cuando hubo una devaluación y la inflación roza el 40% anual. Eso no es todo: desde el Soeme también denuncian que las autoridades del Consudec se niegan a cumplir con acuerdos ya establecidos que implica cambiar el régimen laboral de 48 a 45 horas semanales, y modificaciones en el régimen de antigüedad.
“Hay que revalorizar la escuela pública”
“Hay que revalorizar la escuela pública, porque la escuela pública es la que absorbe en gran medida a aquellos que tienen menos posibilidades económicas y por lo tanto está concebida como una forma de lograr una igualación social de los chicos a través del conocimiento”, le dijo a Hoy, el presidente de la Academia Nacional de Educación, Pedro Barcia.
“El factor de la infraestructura preocupa realmente. Los muestreos que vimos últimamente de instalaciones eléctricas en mal estado, de salas con humedad, o mismo las situaciones que se dan de hacinamiento, porque la superpoblación de las aulas es un riesgo grande. Esto último es importante tenerlo en cuenta no sólo por la salud de los chicos si no por la enseñanza: sabemos que el número ideal es de 25 alumnos por aula, pero incluso en escuelas privadas algunas tienen arriba de 30 y en las públicas hay arriba de 40”, afirmó.
“Yo creo que el Gobierno de la Provincia ha hecho bastante en cuanto a infraestructura y creación de nuevas escuelas, pero el problema es el mantenimiento de las escuelas que tienen ya un deterioro evidente. Porque desde el punto de vista del lucimiento político tiene más relevancia inaugurar una escuela flamante recién construida que restaurar una escuela”, dijo Barcia.