Maniobras desde la AFIP
El organismo que conduce Ricardo Echegaray denunció a los tres empresarios argentinos involucrados en la mega causa contra la FIFA. De esta manera el gobierno buscaría demorar la extradición. Otro ardid corrupto para cubrir vínculos que alcanzarían a la administración K
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en otra maniobra sospechosa, denunció ayer penalmente a los empresarios argentinos involucrados en el escándalo de corrupción de la FIFA, en una medida que podría terminar favoreciendo a los sospechosos ya que evitarían la extradición a Estados Unidos.
La conducción de la AFIP, que es parte de este gobierno que ha destinado millones y millones de pesos al negocio del fútbol sin ninguna transparencia ni control, se quiere presentar ahora como denunciante, luego del escándalo mundial desatado con 14 directivos de la FIFA, en los que está acusado el ex presidente de la AFA, el fallecido Julio Grondona, de quedarse con al menos 15 millones de dólares, como pago de sobornos.
Además de Grondona, quedaron en la mira y con pedido de captura internacional el CEO de Torneos y Competencias, Alejandro Burzaco, y los hermanos Hugo y Mariano Jinkis por los delitos de evasión tributaria, asociación ilícita fiscal y lavado de dinero.
Se investiga el vínculo de los empresarios y dirigentes de la AFA con la mega causa internacional, donde la justicia de Estados Unidos busca determinar el destino de más de 150 millones de dólares, los que al parecer terminaron en las cuentas de directivos de la FIFA en los últimos 24 años.
Vericueto legal
La causa radicada en los tribunales argentinos, lejos de contribuir al esclarecimiento de la larga serie de contubernios denunciados por la fiscal norteamericana Loretta Lynch, podría permitirles a los acusados evadir a la Justicia de los Estados Unidos, famosa por la severidad de las penas para los responsables de delitos financieros.
Ahora, el CEO de Torneos S.A., Alejandro Burzaco, y los empresarios y hermanos Hugo y Mariano Jinkis, afrontan dos juicios distintos: por un lado, el juicio de extradición, que quedó en manos del juez Claudio Bonadio luego de que la cancillería recibiera el pedido y le diera curso a la Justicia; por otro, la denuncia de la AFIP, que recayó en el Juzgado Penal Tributario Nº 2, a cargo de Diego García Berro.
El abogado Eugenio Bruno, del Estudio Garrido, explicó que ambas causas corren por vías separadas y que en la práctica, la investigación iniciada por el organismo recaudador "puede frenar una extradición" o, incluso, hacerla completamente inviable. ¿Por qué? Sucede que "el principio general es que si los delitos que se investigan en Estados Unidos y aquí en Argentina son iguales, ahí directamente no habría extradición, porque se trataría del mismo delito, por lo tanto los tribunales locales tendrían competencia única".
Para el especialista en derecho internacional, José Ignacio García Hamilton (h) "los convenios son muy claros y el que tiene que decidir la extradición es la Justicia argentina, con lo cual la Justicia argentina tiene que mantenerse en el marco estrictamente legal y el convenio es muy claro: si la persona está siendo juzgada en su propio país por el mismo delito, no corresponde la extradición".
De todos modos, si bien el pedido de extradición podría resultar procedente, los acusados podrían tener aún una larga estadía en el país por delante. Y es que incluso con una sentencia de extradición en su contra, el juez de la denuncia que hace la AFIP puede decidir que la extradición no corresponde hasta que él no termine su proceso.
El Poder Ejecutivo decide
Pero hay más: otro modo de evitar la extradición consiste en "autodenunciarse" por el mismo delito que el que es motivo de persecución en los EEUU para de ese modo hacer improcedente a extradición. Fue el caso de Hernán Arbizu, ex vicepresidente de la filial local de JP Morgan, quien decidió colaborar con la Justicia argentina, autodenunciarse, y evitar así ser juzgado en los Estados Unidos.
En cualquier caso, la decisión final sobre la extradición la tendrá el Poder Ejecutivo, pues de acuerdo con la ley argentina el presidente puede considerar que existen motivos por los cuales no conviene extraditar a una persona, y rechazarlo, aún cuando la Justicia haya determinado lo contrario. "Muchas veces en estas situaciones lo político se mezcla con lo legal. No va a ser ajeno a este caso", pronosticó García Hamilton (h).
Los motivos para una sutil defensa a Burzaco
Alejandro Burzaco es un empresario de muy aceitados contactos con el Gobierno nacional, con el que en los últimos años ha hecho constantes negocios de compra y venta de derechos de televisación del fútbol. Es que aunque el Estado tiene los derechos del fútbol local, Torneos y Competencias tiene los de la Selección Argentina y los de los torneos internacionales que juegan los equipos argentinos.
El CEO de Torneos también es sumamente poderoso en la AFA y la confederación del fútbol sudamericano, donde sus decisiones pesan tanto o más que las de los principales dirigentes.
Al respecto, la legisladora porteña, Graciela Ocaña, aseguró ayer que “Alejandro Burzaco está muy vinculado a Julio Grondona, y es proveedor para el Estado Nacional de Fútbol para Todos.”
“Acá aparece Julio Grondona como uno de los que percibían los retornos; no hay que descartar que esto siga luego de su muerte. No hay que olvidar que el Estado sigue enviando los fondos todos los meses a la AFA”, explicó Ocaña.
Ahora, Ocaña pidió la suspensión de la empresa Torneos y Competencias como proveedor del programa Fútbol Para Todos, a la vez que solicitó a la jueza federal María Servini de Cubría que designe un veedor en la AFA.
La legisladora del partido Confianza Pública sostiene que el Estado nacional destinó 130 millones de pesos a Torneos y Competencias mediante el programa FPT para adquirir las sublicencias para la transmisión en directo y por TV abierta de los partidos correspondientes a la Copa América 2015, cuestionados por el informe de la Justicia norteamericana.