Trabajo registrado: mejor tarde que nunca
EN FOCO
La presidenta Cristina Kirchner ayer volvió a aparecer en público para anunciar, junto a sus habituales aplaudidores, un proyecto de ley de "Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral". Lo hizo tras la inauguración del Salón de los Pueblos Originarios, que fue acondicionado durante cerca de un año y que reemplaza al Salón Cristóbal Colón. A esta altura, la obsesión del kirchnerismo contra la figura de quien descubrió América, hace más de 520 años, está adquiriendo rasgos patológicos.
El proyecto, que deberá ser tratado en el congreso nacional, contempla un programa que tendrá un presupuesto de 4150 millones de pesos para otorgar beneficios fiscales para los empleadores, de los cuales el 65 por ciento estarían dirigidos a las microempresas para alentarlas a registrar a sus trabajadores, esperando "formalizar con la medida a 650.000 trabajadores en dos años".
La primera mandataria señaló que las empresas con menos de 7 empleados recibirán un descuento del 100 por ciento en el pago de aportes patronales por cada empleo que generen en el término de un año.
En tanto, las empresas que tengan hasta 80 empleados tendrán un beneficio de hasta el 50%, mientras que para las firmas con más de 80 trabajadores el beneficio será del 25%.
La iniciativa resulta positiva, en momentos en que las pymes están con la soga al cuello por la inflación, la recesión y la agobiante mochila fiscal. Pero la realidad es que llega demasiado tarde: una medida de este tipo se tendría que haber implementado hace mucho. Y debería haber alcanzado a todas las pymes ya que ello hubiese permitido, en momentos de expansión económica, crear empleo verdadero, generando un circuito virtuoso de producción y trabajo genuino. Se dejó pasar el tren y ahora puede ser demasiado tarde ya que estamos atravesando por una aguda recesión,.
Hemos llegado al extremo de que, actualmente, casi la mitad del sueldo bruto de los trabajadores registrados queda en mano del Estado debido a los descuentos que se le aplican que van desde la jubilación a la obra social; el pago de Ingresos Brutos, Impuesto a las Ganancias y Monotributo o incluso el Impuesto a los Bienes Personales.
En ese sentido, la cifra que ayer mencionó la presidenta, acerca de que en los últimos 10 años se crearon 6 millones de puestos de trabajo, no resiste el menor análisis. La gran mayoría de los puestos de trabajo que se generaron son improductivos, vinculados con planes asistenciales de clientelismo político y diferentes conchavos del Estado, que actuaron como pantalla para intentar tapar la desocupación real que sigue siendo extremadamente elevada.
Hay números que hablan por sí solos: solamente en la administración nacional hay 570.000 ocupados (en la Provincia se estima cerca de 700 mil), un tercio más que una década atrás. Pero los planteles crecieron con mucha más fuerza en el conjunto de provincias (47%) y en los municipios, donde hoy trabajan ocho personas más por cada 10 que lo hacían en 2002. La mayoría de estos empleados cobra salarios que los ubican al borde la pobreza.
En el Gran La Plata, según indicadores del último censo, cerca del 40% de los trabajadores desempeñan sus tareas para el Estado, cuando nuestra región supo ser un importante polo industrial, durante las épocas de auge del polo petroquímico, los frigoríficos, la industria textil, etc.
Ahora bien, para poder afrontar el crecimiento elefantiásico del sector público en los que se refiere a la planta de personal, que no se tradujo en más y mejores servicios para la población (el deplorable estado de la salud pública y de la educación es una clara muestra de ello), aumentó de forma exponencial la presión fiscal sobre los sectores que a duras penas siguen produciendo para sostener todo ese sistema.
La Argentina hoy cuenta con una presión fiscal muy parecida a la que existe en los países más desarrollados, pero los servicios que se prestan desde el Estado se asemejan, en ciertos aspectos, a lo que ocurre en algunos de los países más subdesarrollados de Asia y Africa.
Cristina y la división entre los argentinos
En su discurso de ayer, luego de recordar al actor Alfredo Alcón y al politólogo Ernesto Laclau, ambos recién fallecidos, la presidenta Cristina Kirchner condenó los "comentarios acerca de la supuesta división que Ernesto generó entre los argentinos".
Tras hacer un recuento por la historia argentina y las divisiones políticas imperantes a través de ella, Cristina resaltó que "nunca hemos podido discutir un proyecto de país desde nuestras diferencias", y reclamó "honestidad intelectual sin especulaciones: si discutiéramos mas sinceramente, podríamos saldar nuestras diferencias", concluyó.
Lo que parece no querer reconocer la presidenta es que fue su gobierno, como nunca antes desde el retorno a la democracia en nuestro país, el que más ha atacado a todos aquellos sectores que cuestionan o tienen puntos de vista distintos respecto a la relato oficial. Por ejemplo, hemos visto como, públicamente, la presidenta rompió con el secreto fiscal, revelando datos de un jubilado que había presentado un recurso de amparo para comprarle un dólar a su nieto. A su vez, en varias ocasiones, envió a la AFIP para apretar a periodistas, artistas y profesionales que se atrevieron a cuestionar, públicamente, a su gobierno.
Asimismo, desde la administración K se premia y castiga con recursos de la publicidad oficial, que salen de los impuestos que paga la ciudadanía, a los medios según su línea editorial. Es decir, la presidenta administra los recursos del Estado como si fuese un patrón de estancia o un señor feudal de la Edad Media. El diario Hoy es víctima de este accionar, al ser discriminado de forma atroz, mientras que diarios que publican notas dictadas desde los despachos oficiales, reciben decenas de millones de pesos por mes, sin ningún tipo de control y sin importar que su tirada sea extremadamente reducida.