“Se ha dado una campaña de engaño, tergiversaciones y falsedades por parte de los promotores del sí”

Uruguay vota, y a menos de un mes se intensifica la campaña. El próximo 27 de marzo se realizará el referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) impulsada y aprobada por el gobierno de Luis Lacalle Pou.

Los ciudadanos uruguayos deberán votar por el “sí”, en caso de querer hacer lugar al recurso de referéndum contra esos artículos, o por el “no” si optan por no dar lugar a dicho recurso. 

“Entendemos que los cambios introducidos en esta ley son cambios fundamentales para el país, cambios que le dan solución a muchas de las problemáticas de los uruguayos en materia de seguridad, de educación, de inclusión financiera”, le expresó a diario Hoy Conrado Rodríguez, diputado del Partido Colorado.

Tras su ascenso al poder, el 1° de marzo de 2020, el gobierno de Luis Lacalle Pou presentó un proyecto de Ley de Urgente Consideración, lo cual ya había sido anunciado durante la campaña electoral. Con cambios en su redacción original, se aprobó en julio de 2020 con 476 artículos. De ese total, 135 están siendo impugnados.

Desde la oposición cuestionan algunos puntos relacionados con medidas de seguridad y límites en el derecho a huelga. También sobre el achicamiento de diversas áreas del Estado y al debilitamiento de empresas públicas. Es por ello que, tras recolectar más de 800.000 firmas, se habilitó esta votación para la derogación o no de esos artículos. De acuerdo a lo publicado por la Corte Electoral, los habilitados para votar en esa jornada son 2.684.13 ciudadanos.

“El Frente Amplio había impuesto la inclusión financiera de manera obligatoria para todos los ciudadanos y no­sotros entendíamos que esa inclusión tenía que ser optativa, se les tenía que dar la libertad a las personas de poder estar incluidas o no dentro del sistema financiero, lo que implicaba por ejemplo que con anterioridad a la LUC solamente se podía cobrar salarios a través de las cuentas bancarias”, explicó el diputado.

En relación a los cambios en materia de telecomunicaciones, aseguró que “se genera el derecho a la portabilidad numérica, un derecho que está en todos los países latinoamericanos, que es la posibilidad de que uno se pueda quedar con su número telefónico independientemente de qué compañía sea la que le preste el servicio”.

A su vez, se refirió a los cambios en vivienda, que contemplan dar posibilidades a aquellos que no pueden acceder a una garantía de alquiler, y destacó “cambios en materia del gasto que realizan las empresas y las empresas subsidiarias de las empresas públicas para que haya control sobre los recursos que allí se gastan”.

Sobre los derechos en el ámbito laboral, sostuvo que “la LUC establece el derecho de los trabajadores a poder trabajar, a ingresar a sus lugares de trabajo y el derecho a los propietarios de ingresar a sus oficinas. Son derechos constitucionales”.

Para finalizar, y consultado sobre si cree que la gente que firmó el referéndum podría cambiar su postura, afirmó: “Nosotros pensamos que sí, porque la recolección de firmas se dio bajo determinadas proclamas que poco tenían que ver con lo que establecía la propia ley. Consideramos en verdad que este referéndum tiene mucho más que ver con el ánimo de intentar paralizar al gobierno, de ponerle un palo en la rueda, que de los pocos 135 artículos que están impugnando. Se ha dado una campaña de engaño y de tergiversaciones y de falsedades por parte de los promotores del sí donde se habla de temas que nada tienen que ver con la ley”.

En las últimas horas, el presidente Luis Lacalle Pou opinó sobre la LUC y volvió a insistir en que “es parte esencial del programa de gobierno de la coalición”. Según algunas consultas, por el momento hay una leve ventaja sobre el “no”, pero existe un porcentaje amplio de indecisos.