“Si están las firmas, entraremos en el debate”

La oposición de Uruguay, a través de la Comisión Nacional Pro Referéndum, busca llegar a las 675.000 firmas para habilitar el recurso legal que le permita derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), aprobada en julio del año pasado. Hasta el 22 de junio se habían juntado 572.551. La fecha límite para lograr el objetivo es el próximo 9 de julio.

“No estamos en el debate público esperando a si están las firmas necesarias, que me parece que a esta altura es muy difícil que se llegue. Vemos una campaña bastante falaz, con argumentos falaces, simplistas, de eslóganes, pero no hemos entrado a discutir si firma o no firma para que haya el referéndum. Si están las firmas, entraremos en el debate a presentar lo que significó esta ley, su contenido y lo que significaría derogarla”, le dijo a diario Hoy el senador Tabaré Viera.

Tras su ascenso al poder, el 1° de marzo de 2020, el gobierno de Luis Lacalle Pou presentó un proyecto de Ley de Urgente Consideración, lo cual ya había sido anunciado durante la campaña electoral. Con cambios en su redacción original, se aprobó en julio del año pasado.

“Fue una ley que el 50% de los artículos los votamos por unanimidad. Por más que fue de urgente consideración, se publicó y se distribuyó varios días antes a todos los partidos. La urgencia habilita al debate durante 45 días en cada Cámara. O sea, tampoco se puede alegar que no hubo tiempo para estudiar, para elaborarla, para establecer cambios. Creo que es una buena ley, la población en general siento que la apoya, me parece que no se van a llegar a las firmas y, de llegarse, obviamente estaremos en el debate”, añadió el legislador.

A su vez, el político del Partido Colorado resaltó que “es una excelente ley, necesaria para una serie de cambios importantes que van a darles beneficios a los uruguayos en distintas áreas”.
Algunos puntos cuestionados están relacionados a medidas de seguridad y límites en el derecho a huelga. También la oposición apunta al achicamiento de diversas áreas del Estado y al debilitamiento de empresas públicas.

“Una ley muy amplia que abarcó desde aspectos que tienen que ver con la seguridad, aparte de agravar algunas penas o considerar delitos. Además, le da un gran respaldo a la Policía en su actuación. Luego toca temas también importantes que tienen que ver con la educación y la gobernanza de la educación”, marcó Viera.

A su vez, precisó que “tiene aspectos positivos, como empezar a trabajar el cálculo y el establecimiento del precio de los combustibles. Por mandato legal ahora se estableció la paridad de precio de importación, donde definitivamente se deja de lado la posibilidad de la privatización”.

Sobre las libertades del trabajo, indicó que, “sin apartarnos de lo que son los convenios internacionales y lo que establece la OIT (Organización Internacional del Trabajo), lo que se trata es de dar garantías a quienes desean trabajar. Por eso se regula lo que pueden ser piquetes y el concepto de ocupación. Tratamos de dar todos los derechos a huelga, manifestaciones y a derechos sindicales, pero también el derecho a la propiedad”.

“Hay aspectos importantes que tienen que ver con la reformulación del Consejo Directivo Central, dándoles participación a los directores generales de los consejos que son desconcentrados, siempre respetando autonomías, que es una tradición en Uruguay y siempre respetando todo lo que tiene que ver con lo técnico”, destacó.

Otro de los puntos de la LUC habla de la libertad financiera y la posibilidad de poder elegir las ­formas de pago. Se “eliminó la obligatoriedad de la bancarización, algo que nosotros veníamos criticando desde que éramos oposición”, ­concluyó Viera.

Contra reloj, y a menos de una semana para la fecha límite, la oposición uruguaya intensifica la estrategia y realiza diferentes actividades para completar las 675.000 firmas requeridas por la Constitución para forzar la consulta popular. En ese sentido, la comisión apunta a quienes también viven fuera del país.