El informe indica que hay una gran asimetría entre la evolución de los ingresos de las familias y los de las empresas del sector energético.
El Observatorio de Servicios Públicos de la Universidad Nacional de La Plata consignó un descenso a la mitad de la proporción de los ingresos hogareños que representan las facturas de luz y gas en 2021 respecto de 2019, en su último informe del Monitor de Tarifas.
En el documento, publicado en las últimas horas, el organismo revela que una familia que percibía en junio de 2019 un salario mínimo, vital y móvil debía destinar un 22,4% al pago de las facturas de ambos servicios. En el mismo mes, pero de 2021, tuvo que usar un 12%. Además, las familias que solo contaban con una jubilación mínima en mayo de 2019 pasaron de destinar un 26% de su ingreso a un 12,3% en junio de 2021 para pagar ambos servicios.
“Las facturas de esos servicios públicos registraron un amesetamiento entre fines de 2019 y el primer trimestre de 2021 producto del congelamiento tarifario dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional en diciembre de 2019. Ello, sumado al rol de los programas de asistencia también desplegados a nivel federal, tuvo un efecto nodal: posibilitó que en 2020 salieran de la indigencia y pobreza energéticas 2,8 millones de hogares, tal como lo evidencia el anterior informe el OSP-UNLP”, detalla el estudio. “En el caso del gas, y contemplando la ampliación del Régimen de Zona Fría, se posibilita un alivio de un 30% en las facturas a partir de julio, que alcanza el 50% para los hogares más vulnerables”, agrega.
A su vez, el informe indica: “Hay una fenomenal asimetría entre la evolución de los ingresos de las familias y los de las empresas del sector energético. Mientras los ingresos familiares entre diciembre de 2015 y diciembre de 2020 se multiplicaron en promedio por 5,14 veces, los ingresos brutos de las distribuidoras de luz y gas lo hicieron por 21 y 10,4 veces, respectivamente, tomando un promedio ponderado”. En el caso de las pymes el informe demuestra que, de forma similar a los hogares, padecieron una grave situación producto de los incrementos tarifarios ocurridos entre 2016 y 2019, cuyos efectos aún resultan ostensibles.